El gobierno de Javier Milei sufrió ayer su primer tropiezo serio ante la Justicia, que anuló por "inconstitucional" todo el capítulo de la reforma laboral lanzada en diciembre mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y que detonó la presentación en contra de la CGT que disparó este freno letal. Hasta ahora, los múltiples fallos en contra de la reforma laboral sólo habían sido cautelares que suspendían la implementación hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo, justamente su constitucionalidad. Ahora la reforma quedó anulada y al Gobierno sólo le queda el recurso de la Corte Suprema de Justicia para intentar revertir esta medida de la Cámara Nacional del Trabajo, aunque a efectos prácticos la reforma laboral no tiene vigencia.
Para los camaristas, una reforma de este tipo es sólo competencia del Congreso.
El tema es de "imprescindible debate específico y decisión por el Poder Legislativo", señaló el tribunal de apelaciones de la Cámara Nacional del Trabajo.
Al "modificar" la sentencia de primera instancia, que sólo había dispuesto aceptar "parcialmente" la acción de amparo promovida por la CGT, la Sala de Feria de la Cámara declaró la "invalidez constitucional" del Título IV de la norma presidencial.
La CGT apeló la decisión de primera instancia porque sólo había dispuesto la invalidez de seis de los 45 artículos de ese capítulo -73, 79, 86, 87, 88 y 97-, lo que obtuvo respuesta favorable en segunda instancia.