El Ejecutivo presentó ayer una ampliación de denuncia en el escándalo de las expropiaciones y aunque no imputa delitos puntuales con nombre y apellido, entre otros, le apunta a una jueza. El planteo oficial se debe a una causa que se tramitó en el Juzgado Nº 1 Civil, a cargo de Rosalva Marún de Sobelvio, que está viciada de irregularidades. Según consta en el escrito, desaparecieron expedientes de tres expropiaciones, luego se concentraron en forma indebida, hubo un “cómplice silencio del Juzgado interviniente” y la magistrada hizo lugar a “una demanda y un reclamo que no se corresponde con el objeto demandado”.

La ampliación de denuncia fue presentada en el marco de la llamada megacausa que impulsó la administración giojista, por entender que en los juicios de expropiaciones actuó una red de jueces, abogados y empleados del Estado para sacarle millones de pesos de más a la provincia.

Todo empezó con las expropiaciones de tres lotes ubicados en Cuesta del Viento. Uno era de 2,9 hectáreas y recayó en el Juzgado Civil Nº 1, el otro de 2 hectáreas y fue al Nº 4 y el tercero tenía 4 hectáreas y recayó en el Nº 7.

El abogado Santiago Graffigna se presentó y contestó la demanda que se interpuso en el Nº 1. Lo curioso es que los tres expedientes se perdieron y se reconstruyeron en uno solo que se siguió tramitando en ese Juzgado. El letrado reclamó una indemnización por la superficie de las tres fracciones y no por la fracción de 2,9, que era el objeto de la causa en la que se presentó.

La denuncia advierte que Graffigna debería haber pedido la unificación de los expedientes. Pero nada de esto sucedió y lo mismo, la documentación se concentró en una sola causa. Lo que le llama la atención en el Gobierno es que la jueza hizo lugar al reclamo de pago del abogado a pesar de que no coincide con el objeto original (la fracción de 2,9 ha). Incluso, le apunta directamente al decir que inexplicablemente no advirtió las anomalías y que se dio un “cómplice silencio del Juzgado”.

El expediente original del Juzgado Nº 1 fue encontrado el estudio jurídico de Horacio Alday, ex socio de Graffigna, y en Fiscalía de Estado, que actúa en nombre de la provincia, presumen que fue parte de una maniobra del abogado para elegir en qué Juzgado litigar. Supuestamente, porque sabía del proceder de Marún de Sobelvio, que en procesos anteriores dictó sentencias “por montos sensiblemente superiores a las causas que se tramitaban en otros juzgados”.

En una sospecha de connivencia, en la denuncia también aparecen el abogado de Fiscalía de Estado Norberto Basitrocchi, la perito Ana María Melvin, el Tribunal de Tasaciones y el juez Moisés Moya (ver En la mira).

La sentencia de Marún de Sobelvio asciende a unos 10 millones de pesos y aún no se paga, porque se está revisando en la Corte.