A excepción de Santiago Graffigna, sospechado de ser el cabecilla de una organización dedicada a inflar los montos de los juicios de expropiaciones para sacarle más dinero al Estado, y de Horacio Alday, que ahora está prófugo de la Justicia y a quien se lo considera como uno de los líderes de una asociación ilícita dedicada a ese fin, el resto de los acusados, que son 10 y que fueron detenidos el viernes 1 de marzo, recuperarán la libertad en los próximos días, según adelantaron ayer fuentes calificadas de la causa. Todos están sospechados de haber tenido participación en las maniobras, pero ya fueron citados a declaración indagatoria por la jueza María Inés Rosellot. Por lo pronto, entre ayer y hoy ya se iba a producir la excarcelación de Julio Fernández, un exmiembro del Tribunal de Tasaciones de la provincia, y de Rosalba Marún, exjueza Civil y que viene de renunciar para recibir el beneficio jubilatorio y de esa manera eludir un Jury de Enjuiciamiento en su contra.

Un antecedente a favor de la libertad de los detenidos, aunque la mayoría está con prisión domiciliaria por razones de salud, es que el fiscal de la causa, Carlos Rodríguez, no opuso resistencia a la medida.

La novedad se conoció ayer en una segunda jornada de la lectura de la acusación que pesa contra Graffigna, quien continúa detenido en la Seccional 28va de Policía (ver aparte).

El primero en recibir el beneficio de la excarcelación el viernes pasado fue el exfiscal de Estado Mario Díaz, aunque al igual que al resto de los imputados, no significa que quedó desligado de la causa sino que continuará vinculado al proceso, pero sin continuar detenido.

Al ex funcionario, como se calcula que sucederá con el resto de los acusados, la magistrada le fijó una fianza de 50.000 pesos, que solamente será ejecutada, es decir que se tendrá que pagar, en el caso de que alguno sea citado para algún trámite en el expediente y que no comparezca.

Los factores que tiene en cuenta la jueza Rosellot para disponer la excarcelación de los detenidos son la vinculación del acusado con los hechos que se le imputan, la posibilidad de que obstruya la causa en caso de que sea dejado en libertad y la posibilidad de fuga, es decir que no comparezca en caso de ser requerido por el juzgado. En el caso de Alday, por ejemplo, está prófugo de la Justicia.

Por lo pronto, y una vez que la jueza Rosellot finalice con el trámite de las indagatorias, le quedará resolver la situación de los imputados. En ese caso puede disponer el procesamiento de algunos o de todos, la falta de mérito, es decir que el acusado sigue vinculado a la investigación, y el sobreseimiento, que es cuando se entiende que la persona no participó en el delito del cual se la acusa.