La insólita disputa entre abogados de la empresa Garder ya contaba con una dura acusación de uno hacia el otro, pero escaló al punto de llegar a la Justicia Penal. Paola Nale, quien ostenta el patrocinio letrado de la dueña de la compañía, reiteró que el inicio de la demanda millonaria que había iniciado su colega Gabriel Silva contra la Obra Social Provincia (OSP) y el posterior desistimiento de dicho reclamo contiene firmas falsas de la propia propietaria, de la que había actuado bajo su supuesta representación. Ante el planteo, la jueza Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo, quien ha recibido las presentaciones de ambos profesionales, envió la denuncia de Nale a la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales para que decida si abre o no una causa contra Silva por la presunta falsificación de documentos, según consta en las actuaciones.
Este medio volvió a contactar a Silva, quien siguió en su postura de no hablar del tema.
Garder viene acumulando escándalos. Se trata de la empresa que fue denunciada por Miguel Greco, director de la OSP, por la presunta estafa en la prestación de servicios en internación domiciliaria, al punto que sus dueñas, Marilina De la Fuente y su hija María Florencia Molina, y el responsable médico Eduardo Guzmán quedaron imputados en la investigación de Delitos Especiales. No fue lo único, ya que sumaron otra acusación de la obra social por haber facturado prestaciones médicas que no realizaron y, además, la falsificación en al menos dos oportunidades de documentos de una clínica privada (Ver recuadro).
En medio del conflicto penal, apareció el abogado Silva, quien había asegurado que es el miembro sanjuanino del estudio del reconocido y mediático profesional Fernando Burlando, los que resaltaron que iban a actuar en la defensa de Garder. De hecho, este último le había dicho a este medio que, "en el caso de existir algún tipo de perjuicio (contra la OSP), se trataría de errores" y que la compañía "está dispuesta a devolver el dinero, con creces". De no llegar a una solución "armónica", advirtió que iban a "jugar la guerra que sea".
Luego de la movida mediática, Silva inició el 5 de octubre una demanda contra la obra social del Estado por 80 millones de pesos por la supuesta falta de pago de prestaciones médicas que habría brindado Garder desde julio del año pasado hasta esa fecha. El tema es que, en octubre de 2022, además de la denuncia, la OSP sacó a la empresa de su padrón de prestadores. Por eso, gran parte del período que reclama la compañía tiene que ver con su exclusión, por lo que también planteó un incumplimiento de contrato. Para llevar adelante tal embestida, el abogado presentó un poder de actuación con la firma de De la Fuente.
Pero, el 20 de ese mes, se presentó la abogada Nale, con el OK de la dueña de la empresa, quien en un escrito expuso "la falta de representación" de Silva, por "carecer de mandato y facultades para iniciar el reclamo". Además, destacó que la firma al pie del formulario de inicio de la demanda y la mediación previa y obligatoria "es apócrifa, por no pertenecer a ninguno de los representantes legales ni apoderados de Garder Salud", en lo que incluye a De la Fuente. Sin embargo, este profesional había desistido del reclamo el 6 de octubre (un día después de iniciado el trámite), el que no se había cargado en el circuito administrativo por errores en la numeración del expediente.
No obstante, Nale fue por más, ya que el miércoles pasado ratificó que tanto el inicio de la demanda como su desistimiento por Silva constituyen "actos inexistentes", dado que insistió en que las firmas de De la Fuente que aparecen en ambos escritos son falsas. Por eso, la jueza del Contencioso Administrativo puso en conocimiento al fiscal Coordinador de la UFI Delitos Especiales, Adrián Riveros, de la denuncia de Nale para que decida abrir o no una investigación penal contra Silva.
La magistrada también notificó al Foro de Abogados, en base al pedido de la abogada, por las posibles "sanciones que pudieran corresponderle" a su colega "por la conducta desplegada".
Las causas contra la empresa
El pasado 10 de agosto, Fiscalía formalizó la investigación contra las propietarias y el responsable médico de Garder por fraude contra la Obra Social Provincia, luego de que se detectara facturación por servicios que la empresa no prestó. El hecho fue denunciado en octubre del año pasado. Frente al juez Diego Sanz, el Ministerio Público expuso irregularidades como que la empresa facturó prestaciones que no brindó desde marzo a agosto de 2022, por un monto total que superó por poco el millón de pesos. Además, que facturó un módulo alimentario enteral para una mujer para todo abril, por un total de 158.122 pesos, monto que la OSP liquidó. Tras el pago, la entidad sanitaria detectó que la mujer había fallecido el 17 de abril, entre otras anomalías.
A fines de agosto, Miguel Greco, de la OSP, denunció a los responsables de la empresa por haber facturado prestaciones médicas que no realizaron, además de la falsificación en al menos dos oportunidades de documentos de una clínica privada