El Senado convirtió ayer en ley un proyecto impulsado por el Ejecutivo para fomentar la asociación empresarial público-privada y así estimular las inversiones en sectores clave, como el de la infraestructura. La iniciativa fue aprobada por 43 votos positivos, quince negativos y tres abstenciones.
Fue la segunda sesión que el Senado ha dedicado a debatir este proyecto, ya que lo había aprobado inicialmente en septiembre pasado, pero luego la iniciativa sufrió modificaciones en su paso por la Cámara de Diputados por lo que debió regresar para su análisis en la Cámara alta.
La nueva norma regula el sistema de Participación Público-Privada (PPP) ‘con el objeto de desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica, y servicios conexos a los mismos‘. Entre otras cosas, la ley garantiza que los contratos permitan ‘la recuperación de las inversiones efectivamente realizadas, el repago de la financiación aplicada al proyecto y una utilidad razonable, no pudiendo superar en ningún caso, los 35 años de duración, incluyendo sus eventuales prórrogas‘.
El sector público tendrá la obligación de ‘ponderar la rentabilidad económica y/o social de los proyectos‘, promover la participación de las pymes y fomentar la creación de nuevos puestos de empleo.
La participación público-privada podrá hacerse a través de la constitución de sociedades anónimas o de fideicomisos financieros.
El proyecto sancionado reconoce las prerrogativas del Estado de revocar un contrato o modificarlos durante su ejecución y garantiza las condiciones de inversión del sector privado. Una de las modificaciones introducidas al texto de la norma en su paso por la Cámara de Diputados es la introducción del requisito para que en los proyectos al menos un 33 % de los bienes y servicios utilizados sea de origen argentino.
Emergencia Social
Entre la batería de proyectos aprobados ayer por el Senado también se destaca uno del kirchnerismo que declara la Emergencia Social y Alimentaria en todo el país por un año. Entre otros puntos, contempla el aumento de la asignaciones universales, jubilaciones mínimas y creación de 1 millón de empleos sociales. El costo fiscal calculado es de 11 mil millones de pesos. Si Diputados lo convierte en ley, el presidente podría vetarlo.
Sí a la salita de 3 obligatoria
La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría y giró al Senado el proyecto impulsado por el gobierno nacional para establecer como obligatoria la sala de tres años, con el objetivo de lograr la inclusión de unos 400.000 alumnos en el primer año del nivel inicial. La iniciativa fue sancionada por 206 votos con el respaldo del interbloque Cambiemos, del Frente Renovador, el kirchnerismo y otras bancadas menores, mientras el rechazo cosechó cinco votos, de los cuales tres fueron aportados por Compromiso Federal, mientras que la izquierda se abstuvo. El proyecto logró un amplio consenso dado que el oficialismo aceptó incorporar una reforma para que el Estado garantice los recursos no sólo para la construcción de los jardines sino para los gastos corrientes que demandarán los salarios del personal. El proyecto establece ‘la obligatoriedad escolar en todo el país y se extiende desde la edad de tres (3) años hasta la finalización del nivel de la educación secundaria‘.