El proyecto de ley de Emergencia Social y Alimentaria impulsado por sectores de oposición, y dio media sanción el Senado, responde a una estrategia solapada del kirchnerismo para obstaculizar cualquier medida de gobierno destinada a superar el descalabro dejado por doce años de populismo y corrupción. La herramienta de la izquierda combativa le dieron forma a la multitudinaria manifestación del viernes último en la Capital Federal.
A casi un año de dejar el Gobierno, la oposición parece haber descubierto la pobreza, porque nunca admitió que había más de 30% de pobres, ya que la cifra implicaba estigmatizarlos, y tampoco que la delicada situación social era consecuencia de una de las inflaciones más altas de mundo. La norma reclamada a destiempo enumera una serie de reclamos pero omite la contrapartida, es decir de dónde van a salir los recursos y más teniendo en cuenta que el Congreso acaba de aprobar el Presupuesto más consensuado de nuestra historia democrática.
Se plantea la creación de un millón de puestos de trabajo, pero no se dicen cómo se hace y de dónde sacará los recursos el Estado empleador. Esto requiere debate y el oficialismo lo dará en Diputados, según adelantó el ministro del interior, a la vez de rechazar de plano el veto sospechado por los activistas para amenazar a Macri. Ya lo dijo Emilio Pérsico, jefe del Movimiento Evita, que si el presidente frena la ley sería su suicido político.
Precisamente es importante prestar atención a las amenazas y chantajes desestabilizadores de quienes están detrás de poner palos a la rueda a un gobierno democrático. Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa, dice que existe un caldo de cultivo muy grande de malestar social y consideró que "algún trasnochado puede empujar desmanes”, siguiéndole Daniel Menéndez, de Barrios de Pie amenazando que si se veta la ley, "el pueblo va a ganar la calle en diciembre.” Más insólita es la posición de Juan Carlos Schmid, de la CGT: le reclamó a Macri que "abandone la excusa de la herencia recibida y trabaje por una Argentina nueva para todos los argentinos”, algo así como borrar la memoria y sacar el desarrollo de la galera.
Los agitadores deberían reflexionar sobre las últimas declaraciones del economista y ex presidente del Banco Central, Javier González Fraga, que estuvo hace poco en el exterior y habló con más de 40 financistas o potenciales inversores en la Argentina. Dice que nadie quiere invertir en el país porque temen que vuelva el populismo. En eso están los militantes.