El Gobierno de San Juan manifestó su adhesión al Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas, conocido como ‘antipiquetes”, aprobado por la Nación y casi todas las provincias, según ha confirmado el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, ante los principios generales del acuerdo.
La decisión del Consejo de Seguridad Interior de actuar ante las manifestaciones que interrumpen el tránsito en calles y rutas, ha provocado reacciones en favor y en contra, frente a los derechos y garantías constitucionales. Era de esperar el rechazo de las dirigencias sindicales, políticas, movimientos de izquierda y defensores de los derechos humanos.
Las críticas se centran en la criminalización de las protestas para reprimirlas, según sostienen los que plantean reivindicaciones tumultuosas en un espacio que es de todos y, por otro lado, están los que aplauden la disposición para terminar con este método que altera la convivencia social. El piqueterismo fue alentado por el garantismo kirchnerista, hasta que colmó el fastidio de la población y la propia Cristina Fernández intentó controlarlo, sin éxito, con un proyecto frustrado hace dos años.
Los que repudian el protocolo, como el CELS de Horacio Verbistky, las CTA de Yasky y Micheli, Quebracho, entre otros movimientos de izquierda, señalan que se trata de una manera de limitar de manera inconstitucional el derecho a la protesta, observando que el Gobierno considera que la circulación es más importante que la integridad de las personas y que los derechos a la protesta y a la libertad, ya que permite la intervención represiva y la criminalización de las manifestaciones, según el rechazo sectorial.
Por otra parte, para el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires el protocolo para evitar piquetes no merece observación alguna desde el punto de vista constitucional. Al adherir al protocolo, la entidad afirma que en la medida que el procedimiento allí diseñado contenga un razonable equilibrio, como se asegura, está garantizado el derecho de reunión de los manifestantes, pero evita los desbordes que puedan comprometer la seguridad pública afectando a terceros. Precisamente, en el equilibrio buscado en el protocolo se llegará a la convivencia mediante el respeto a toda la ciudadanía tal como lo garantiza la Constitución Nacional.