Luego de que el PJ y sus aliados impusieran su mayoría en la Cámara de Diputados y modificaran la ley de coparticipación municipal, el gobernador Marcelo Orrego no se anduvo con vueltas y vetó la movida. "Hay una parte de la oposición que me quiere quitar herramientas y no dejarme gobernar", había dicho en referencia al uñaquismo, debido a que los cambios en la norma le quitaban el manejo de dos fondos, de los cuales, uno es de uso y reparto discrecional. Tras la decisión, el proyecto ingresó a la Comisión Permanente y en Juntos por el Cambio (JxC) decidieron esperar el movimiento de la oposición, que también ahí es mayoría y podía solicitar una sesión extraordinaria para insistir con la iniciativa. Sin embargo, reinó la postura de que el tema se reactive a partir de las sesiones ordinarias de abril. ¿El justicialismo y sus socios no llegaban al número requerido para volver a sacar la ley? Como fuese, el orreguismo ganó aire, dado que, mientras tanto, el veto está vigente y todo puede diluirse en el tiempo. Esto último es la expectativa oficial.
El proyecto presentado el 21 de diciembre por el uñaquismo en sesión extraordinaria consistía en suspender los porcentajes que conforman el Fondo de Desarrollo Regional (Fodere) y el Fondo de Emergencia Municipal (FEM), un total del 8 por ciento, para que pasen a engordar lo que se reparte de coparticipación municipal. Los legisladores de la oposición sostuvieron que era un reclamo de los intendentes, que necesitan de recursos ante la crisis económica nacional. Así, sumaron 24 votos, los dos tercios de la Cámara. A su vez, los del oficialismo cuestionaron que metieran tal iniciativa en una extraordinaria sin que existiera ningún tipo de diálogo, además de que dejaban al gobernador sin el manejo del FEM para ayudar a las comunas ante emergencias climáticas o desequilibrios financieros. El trasfondo es la disputa de poder entre Orrego y Uñac, luego de que el primero bajara contratos y el traspaso de personal a planta permanente que no había cumplido seis meses de antigüedad.
A la semana, Orrego vetó la norma que le imprimía cambios a la coparticipación. De acuerdo a la resolución, hubo errores en el procedimiento, al punto de que declaró a la ley como inexistente. Todo llevó a que la Comisión Permanente tomara conocimiento de la medida y podía pedirle al presidente de la Cámara, Fabián Martín, que convocara a sesión extraordinaria. Sin embargo, en la reunión del jueves también se "notificó" a la Cámara, pero no hubo planteos de fechas y lo que sobrevoló es que, si se trata el tema, fuese en las sesiones ordinarias a partir de abril.
Si el PJ avanzaba en insistir con la ley que suspendía los fondos Fodere y Fem, necesitaba reunir otra vez en una extraordinaria los votos de los dos tercios de los diputados presentes. Si asisten 36, son 24, cosa que había conseguido en diciembre. Pero, en el medio, cuatro diputados de la oposición se tomaron o están por tomarse unos días de vacaciones. Así, se reduce la base: serían 32 los que acudirían a la sesión y los dos tercios se alcanzan con 20 o 21 diputados. El uñaquismo cuenta con 19, pero los cuatro que se ausentarían son de sus filas, por lo que hubiese quedado con 15 y necesitaría sí o sí de cinco aliados circunstanciales: dos giojistas, uno del gramajismo, uno del Frente Grande y otro de la Libertad Avanza. Un número apretado y riesgoso.
Fuentes legislativas señalaron que, una vez que comiencen las sesiones ordinarias, el proyecto del uñaquismo pasará a comisiones internas, como la de Legislación y Asuntos Constitucionales, para que se analicen los fundamentos del veto, el cual habla de una norma inexistente por sus presuntos vicios en su tratamiento. De ahí, tendría que salir con despacho para su insistencia en el recinto y su aprobación por los dos tercios. En el orreguismo observan que, de ser así, se trata de un plazo incierto, en el que la iniciativa puede diluirse o "morir".
Hasta tanto, el veto está vigente. Es decir, la gestión de Orrego seguirá alimentando con el 3 por ciento el fondo para obras municipales y con el 5 por ciento el de emergencias, al igual que se mantendrá el reparto del 92 por ciento de la coparticipación entre las comunas, de acuerdo a sus respectivos índices. Así, otro eslabón de la puja de poder entre oficialismo y oposición.
> Disputa por cargos
En la primera sesión extraordinaria, hubo acuerdo entre oficialismo y oposición en la designación de Sebastián Dávila, de Producción y Trabajo, como fiscal de Estado Adjunto, y en la de Florencia Peñaloza, del PJ, como defensora del Pueblo. Sin embargo, ahí se vieron indicios de disputa en el resto de los puestos, por lo que se pasó a un cuarto intermedio, aunque la puja se profundizó en la sesión siguiente.
Tanto el orreguismo como el peronismo y sus aliados pelearon por los lugares en el Consejo de la Magistratura y el IPEEM. Al final, se impuso el uñaquismo. En el primer organismo, fue designada Fernanda Paredes, mientras que, en el segundo, fueron nombrados Alberto Hensel, exministro de Gobierno de la gestión pasada, y el bloquista Andrés Chanampa. Se verá si dichos cruces se replican en el tratamiento de leyes que necesite el Ejecutivo provincial para desarrollar su administración.