Después de introducir nuevas correcciones al texto original por segundo día consecutivo que implicaron la eliminación de unos 100 artículos, y con final incierto en un punto clave para los planes del presidente Javier Milie (la suba de las retenciones agropecuarias), el Gobierno nacional se encaminaba anoche a dar el primer paso para la aprobación en el Congreso de la denominada Ley Ómnibus.
Tras lograr un trabajoso acuerdo con los bloques dialoguistas de la oposición, el plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados se disponía a darle al proyecto de Ley de "Bases" el dictamen de mayoría -aunque con disidencias- y la norma de más de 500 artículos sería llevada a votación en el recinto de la Cámara Baja para su aprobación este jueves y viernes en lo que sería la sesión más larga de la historia democrática de Argentina.
En una sala colmada de diputados, asesores y periodistas del Anexo de Diputados, los legisladores trataban esta iniciativa que contempla una emergencia pública, privatizaciones, limitaciones a la protesta, aumento en retenciones, blanqueo de capitales y una reforma del Estado. Sobre el filo de la medianoche, el oficialismo ya tenía el respaldo para imponer el criterio de diputados del Pro, de la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. Sin embargo, los legisladores de la Coalición Cívica, del socialismo y del Gen que integran Hacemos presentarán dictámenes de minoría al rechazar los acuerdos con La Libertad Avanza.
En tanto, la bancada de Unión por la Patria junto a la izquierda también anticiparon que presentarán un dictamen de minoría en rechazo del proyecto.
El acuerdo se alcanzó luego de que el Gobierno aceptara reformular algunos artículos del proyecto de ley Bases solicitados por los gobernadores de Juntos por el Cambio, iniciativas vinculadas al blanqueo de capitales, al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el salario mínimo docente y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, informaron voceros opositores.
La propuesta de cambios al Poder Ejecutivo fue realizada por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en nombre de los diez mandatarios provinciales y allí se pidió al oficialismo una serie de cambios que en su mayoría fueron aceptados, con excepción del aumento de las retenciones agropecuarias.
En el caso de la suba de retenciones agropecuarias e industriales, la discusión se producirá cuando se discuta en particular ese capítulo del dictamen de más de 500 artículos.
La Libertad Avanza aceptó modificar el artículo sobre blanqueo de capitales que establecía que la recaudación se iba a destinar a las arcas nacionales y ahora será parte de la coparticipación federal.
Otro punto clave está referido al Fondo de Garantía de Sustentabilidad y allí se acordó que cuando se liquiden los activos del FGS esos recursos se destinarán a saldar las deudas de las cajas provinciales.
También se acordó que en la paritaria docente el Consejo Federal de Educación -en consulta con los Ministerios de Economía nacional, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, y también con el asesoramiento de una comisión del Consejo Federal de Inversiones- será quien encarará las negociaciones con los gremios docentes.
Otro punto es que se mantienen el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), que tiene por objetivo asistir financieramente a las provincias, el Estado nacional y CABA, brindando financiamiento para obras de infraestructura económica y social, y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP) que asiste y financia programas de desarrollo.
En el dictamen de mayoría se mantiene el ajuste trimestral a los jubilados en marzo, respetando la fórmula actual, pero con actualización automática por inflación mensual a partir de abril.
> Una de cal, otra de arena por el DNU
La Cámara Nacional de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo Federal ratificó ayer que el amparo de la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 del Gobierno de Javier Milei seguirá tramitando ante la justicia del Trabajo, que ya dictó al menos seis cautelares que suspendieron los efectos del capítulo laboral de esa medida.
Casi en simultáneo, el juez nacional del mismo fuero Enrique Lavié Pico rechazó dos amparos presentados contra la generalidad del DNU (el decreto completo) de desregulación económica del gobierno de Milei y argumentó, entre otras cosas, que el decreto se tramita por estos días, con normalidad, ante el Congreso de la Nación y no está demostrado el perjuicio de toda la norma.
> El nuevo piso de Ganancias toca a 800 mil trabajadores
El Gobierno se disponía a ingresar anoche al Congreso el proyecto de ley para restituir los pisos del impuesto a las Ganancias, cuyo mínimo no imponible pasaría a ser de $1.350.000 de salario bruto, con actualizaciones trimestrales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El proyecto grava a los trabajadores en relación de dependencia que ganan más de $1.350.000 brutos mensuales, en el caso de los solteros sin hijos, y más $1.550.000, los casados con 2 hijos.
El piso de este gravamen había quedado en $1.980.000 brutos por el decreto firmado por el exministro de Economía Sergio Massa, durante la campaña presidencial de octubre. Como explicó en su momento el tributarista Sergio Biller, la ley aprobada más tarde en el Congreso estableció que a partir de enero de este año, el mínimo no imponible de Ganancias se fija multiplicando el salario mínimo vital y móvil por 15. Al no haberse oficializado aún el valor de este índice en enero, se toma de referencia el de diciembre, establecido en $156.000. Dicha multiplicación da un piso de Ganancias de $2.340.000 brutos.
Fuentes oficiales confirman que este esquema "retrotrae el impuesto a septiembre de 2023", por lo que 800.000 trabajadores que habían quedado exentos de pagarlo luego de que se eliminara virtualmente la cuarta categoría de esta tasa ahora volverán a ser contribuyentes.
En la noche del lunes, el Gobierno había informado que el nuevo mínimo no imponible se fijaría entre 2,3 y 2,5 millones de pesos, pero luego envió una "aclaración" que delineó los montos antes detallados. A modo de ejemplo, un trabajador soltero sin hijos, con un sueldo bruto de $ 1.500.000 – hoy exento de Ganancias- le retendrán $11.895 mensuales. Y con un sueldo bruto de $1.700.000 (también hoy exento de Ganancias), pagará $42.322. Y al casado con 2 hijos, le retendrán $13.696 mensuales. Esto es así, porque los solteros sin hijos, alcanzados por Ganancias, tributan sobre el excedente de un sueldo neto de $1.141.066 y los casados con 2 hijos sobre el excedente de $1.326.055 netos mensuales.