El Gobierno nacional dispuso que a partir de ayer los regalos recibidos por funcionarios, tanto por cortesía o por costumbre diplomática, pasarán a ser propiedad del Estado para ser destinados a fines de acción social, salud o educación, o para incorporarlos al patrimonio histórico cultural, según de qué se trate el obsequio.
Además, resolvió que tanto el detalle de esos regalos como la información de viajes de funcionarios públicos financiados por terceros ‘estarán disponibles‘ en el sitio web de la Oficina Anticorrupción y en el Portal de Datos Abiertos del Ministerio de Modernización.
Así lo dispuso el Poder Ejecutivo mediante un decreto presidencial publicado ayer en el Boletín Oficial que reglamenta el artículo 18 de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública en base a una propuesta de la Oficina Anticorrupción, la autoridad de aplicación de esa norma.
Además, el decreto del presidente Mauricio Macri prohíbe a los funcionarios recibir regalos de personas o entidades que realicen actividades reguladas por el organismo; que gestionen o exploten concesiones y franquicias; que sean contratistas o proveedores; o que procuren una decisión del organismo y/o tengan intereses que puedan verse afectados por una decisión del funcionario.
En cambio, establece que se pueden recibir obsequios de cortesía o comestibles en casos en que sean entregados en eventos, actos, visitas o actividad oficial pública. El flamante Régimen de Obsequios a Funcionarios Públicos crea un registro de esos regalos y de los viajes financiados por terceros, sistema que deberá ser diseñado por el Ministerio de Modernización en un plazo máximo de 60 días para su efectiva puesta en marcha.
Hasta tanto funcione ese registro, el funcionario público que reciba un obsequio por razones de cortesía o costumbre diplomática deberá comunicarlo a la máxima autoridad del organismo, explicó la Oficina Anticorrupción en un comunicado.
El decreto de Macri reglamenta el artículo 18 de la Ley de Ética Pública, sancionada hace 17 años, que establece que ‘los funcionarios públicos no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones‘.
Además, ese artículo indica que, ‘en el caso de que los obsequios sean de cortesía o de costumbre diplomática, la autoridad de aplicación reglamentará su registración y, en qué casos y cómo, deberán ser incorporados al patrimonio del Estado, para ser destinados a fines de salud, acción social y educación, o al patrimonio histórico cultural si correspondiere‘.
Entre los regalos recibidos por presidentes argentinos, sin duda el que mayor revuelo causó fue la Ferrari que aceptó Carlos Menem, en 1991, de parte del empresario Máximo del Lago. Menem debió vender la lujosa cupé deportiva y donar el dinero recaudado. Télam