La titular del Quinto Juzgado de Instrucción, María Inés Rosellot, dispuso ayer dejar en libertad al exfiscal de Estado Mario Díaz, quien estaba con prisión domiciliaria desde el viernes como consecuencia del operativo ordenado por la magistrada en la investigación de la causa de las expropiaciones, que terminó con 11 sospechosos detenidos el viernes de la semana pasada y uno prófugo, que es Horacio Alday. Díaz fue el primero en recuperar la libertad, según confirmaron fuentes judiciales, pero no significa que quede desligado de la causa sino que continuará vinculado al proceso, pero sin continuar detenido.

Para otorgarle el beneficio, la jueza Rosellot le fijó una fianza de 50.000 pesos, que será ejecutada, es decir que tendrá que pagar, en el caso de ser citado para algún trámite en el expediente y que no comparezca.

Fuentes del entorno de Díaz dijeron ayer que no hará declaraciones sobre su situación procesal, por consejo de sus abogados. Uno de los que lo representa es su esposa, la exjueza civil Myriam Bettio.

Según fuentes calificadas, a partir del lunes la jueza Rosellot podría conceder el beneficio de la excarcelación al resto de los imputados que permanecen detenidos, varios de ellos en sus domicilios, por razones de salud. Las excepciones serían Santiago Graffigna, que justamente será indagado el lunes, y Horacio Alday, que permanece prófugo y al que incluso le han pedido su detención internacional.

La decisión sobre la situación de Díaz fue la novedad judicial en la quinta jornada de indagatorias dispuesta por la jueza, en la que comparecieron la exjueza Rosalba Marún y la experito Ana María Melvin (ver aparte).

A Díaz le imputan la comisión de los delitos de asociación ilícita, fraude en perjuicio de la administración pública y de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Está en la mira de la investigación porque todo lo que pagó el Estado en expropiaciones cargadas de irregularidades fue durante su gestión. Y en todos los casos estuvo vinculado el abogado Graffigna, considerado por la jueza como el cabecilla de la asociación ilícita.

El cuestionamiento contra Díaz es que nunca ejerció su papel como representante de los intereses de la provincia ante esos juicios. Por ejemplo, que no controló los procesos que estaban bajo su estricta supervisión. Y que nunca verificó que las demandas se notificaran por oficio ante su persona o ante el Gobernador, un requisito ineludible para avanzar en los juicios de expropiaciones. Por otro lado, le cuestionan que mantuvo a cargo de los trámites al abogado del organismo Norberto Baistrocchi, ya fallecido, que no era especialista en juicios en estas cuestiones ni pertenecía al área Inmuebles, quien además estuvo bajo sospecha. Además, no objetó pericias ni pidió informes por escrito, señalaron las fuentes de la investigación.

La decisión de concederle la excarcelación a Díaz había sido rechazada por el fiscal de la causa, Carlos Rodríguez, quien entendía que primero había que tomar todas las indagatorias ante de otorgar el beneficio. Pero la jueza Rosellot opinó lo contrario.