El nuevo director del Servicio Penitenciario, Enrique Delgado, opinó que, en lugar de seguir con la obra del Penal de Ullum, es preferible poner el foco en el de Chimbas. "Destinar fondos a una obra (la cárcel ullunera) que no sabemos si se va a terminar o no y en la que el avance es muy pequeño… creo que hay que poner los recursos para concluir 236 celdas (en la prisión chimbera). Si el Gobernador decide que no se va a continuar el Penal de Ullum, hay que buscar nuevas alternativas porque la superficie hoy la posibilita", destacó. Entre esas opciones está la de hacer más sectores en la histórica penitenciaría y un modelo que baraja como propuesta es que los construyan empresas, las que recuperarían la inversión a través de una cápita que le pagaría el Estado por cada interno alojado. No obstante, aclaró que "merece mucho estudio" y que "hay que trabajarlo", pero que funciona en otros países.
Según el informe de 2022 del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), el Penal de Chimbas tiene una población carcelaria de 1.804 internos, mientras que su capacidad es de casi 1.000. Por eso, la gestión uñaquista encaró la construcción de la unidad de Ullum, la que atravesó un cambio de proyecto, de financiamiento y alcanzó un nivel de ejecución de apenas el 7 por ciento, al punto que hoy está paralizada (ver recuadro). Así, la penitenciaría chimbera está sobrepoblada, lo que se acrecentó con la puesta en marcha del procedimiento de Flagrancia (el enjuiciamiento exprés para delincuentes atrapados infraganti) y parte del Sistema Acusatorio, el cual la Corte de Justicia quiere implementarlo en su totalidad. Se trata de mecanismos con los que rápidamente se dictan condenas, lo que implica un mayor encierro de personas.
Por eso, Delgado resaltó que la impronta de su gestión será concentrar los esfuerzos en tratar de ampliar las obras carcelarias. "El primer punto de conflictividad es la infraestructura", destacó. Por eso, señaló que gestionará, "a través de mis superiores", la culminación del Sector 5 del Servicio Penitenciario, el cual había empezado en el gobierno anterior. Se trata de 263 celdas que ampliarían la capacidad del Penal, una obra que, de cumplirse con los pagos en los tiempos convenidos, podrían estar listas en 8 meses más, explicó el director.
El tema de los recursos es delicado, debido a la crisis nacional y a que el presidente Javier Milei viene resaltando que no hay plata y que recortará los fondos para obra pública. En ese escenario, surgió la idea de la participación privada. Si bien Delgado aclaró que se trata de una iniciativa que propondrá a las autoridades provinciales y que de ellas dependerá su avance, dijo que se trata de un modelo exitoso en otros países, como Estados Unidos y Alemania. "Para el privado, es como si construyera un hotel, pero tiene la garantía de que va a estar ocupado al 100 por ciento y el Estado le pagaría una cápita por cada interno alojado", indicó.
En un primer diagnóstico, Delgado indicó que entre las necesidades se encuentra "hacer un sector para darle una solución al alojamiento de mujeres, debido a que se han recibido requerimientos de organismos de derechos humanos para que la actual área sea mejorada. El sector de mujeres está en una parte que se construyó en 1920 y hay 70 internas", detalló. Para este grupo, necesitan sumar espacios verdes, zonas de contención para embarazadas y niños, y una zona especial para comunicación con familiares. También hay urgencias para ampliar áreas de adultos mayores y de internos de entre 18 y 35 años, expresó.
* Una mujer al mando
Por primera vez en la historia del Servicio Penitenciario local, una mujer estará a cargo de un área clave. Se trata de la Alcaide Mayor Norma Iragorre, quien asumió ayer. De esa forma, Iragorre será la primera mujer en comandar la seguridad del Penal de Chimbas.
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Desde noviembre del año pasado, la construcción del Penal de Ullum está paralizada. Durante sus comienzos, en 2020, la obra había sido planteada como una cárcel de máxima seguridad con la capacidad para alojar a 680 internos, pero hubo cambios en el proyecto. Esto fue porque la mayoría de los ingresos al Penal de Chimbas son por delitos cuyo periodo de encierro ronda los 6 años. En ese marco, hubo una redefinición en los planos, por lo que se amplió el cupo para 1.800 presidiarios. Si bien la obra iba a ser encarada con fondos nacionales, a principios de este año, la administración central le informó al Gobierno que no iba a girar los fondos. Por lo tanto, la provincia debía hacerse cargo del dinero para el proyecto. Según el exsubsecretario de Arquitectura, Oscar Montero, la obra quedó con entre un 7 y 8 por ciento de ejecución. Es decir, se avanzó en "el núcleo de los terraplenes, las columnas y las plateas de fundación hormigonadas".