El presidente Rafael Correa, fue reelegido con el 61 por ciento de los votos, el triple del segundo aspirante, y se vio acompañado por una gran victoria de su partido, Alianza País, en la elección del nuevo parlamento, donde dispondrá de holgada mayoría absoluta. Con sólo 49 años se destaca por su formación académica. Es un distinguido economista con estudios en Europa y en los Estados Unidos e incluso fue por algunos meses ministro de Economía en 2005 con el presidente Luis Alfredo Palacio. Se dice que su etapa como ministro de Economía le permitió confirmar lo sabido: un cambio real del país remitía a la necesidad de una renovación del marco político general, es decir de una refundación del Estado desde una nueva Constitución que, antes que nada, recuperará sin inhibiciones y como una prioridad el papel y el destino de las comunidades indígenas.

En Ecuador un 26 por ciento de la población es indígena y se reconocen hasta 13 lenguas habladas y vivas, empezando por el quechua. Hacen seis años se afrontó la tarea ímproba de redactar una nueva Constitución que, aunque fuertemente discutida por la clase política y los medios en Quito y Guayaquil, la capital económica del país, fue aprobada en referéndum en 2007 por el 81 por ciento de los votantes.

La economía creció el año pasado un 5,4 por ciento, el desempleo está por debajo del cinco y, lo más relevante es que estas cifras no son el mero resultado del seguro ingreso por petróleo -unos 50 millones de dólares cada día por la producción diaria de medio millón de barriles- sino por el auge de la industria, el comercio y, sobre todo, los servicios.

Una de las prioridades del mandatario ecuatoriano es la ley de comunicación, para poder controlar a la prensa, por lo que se propone crear el Consejo Nacional de Comunicación, con potestad para sancionar sobre los contenidos difundidos por la prensa. La otra ley que probablemente sea aprobada es la reforma del código penal, que abarca temas sensibles como la despenalización del consumo de drogas, el aborto por violación, la penalización de la protesta social y la prisión para quien no afilie al seguro social a sus trabajadores. También está frenada en la Asamblea la reforma agraria, que según la oposición, busca limitar la propiedad privada.

Tras su contundente victoria, los planes del presidente Correa tienen el camino allanado, con lo que esto significa para el deterioro de la democracia y la significación de la libertad.