Las reiteradas quejas de Córdoba hacia la Nación por los fondos de la coparticipación estaban anoche a punto de alcanzar rango de ley ya que la legislatura local se aprestaba a aprobar un proyecto
para denunciar el Pacto Fiscal firmado por todas las provincias y el Estado nacional en 1992.
La ‘denuncia’ del Pacto a través de una ley implica que la Provincia da por extinguida la vigencia de aquel acuerdo, con el objetivo de que el Gobierno nacional deje de retenerle el 15% de la coparticipación que Córdoba y el resto de las provincias cedieron hace 20 años para el sostenimiento del sistema previsional nacional.
Hace dos décadas, los estados provinciales cedieron ese porcentaje para contrarrestar el desfinanciamiento que afrontó el sistema nacional por la creación de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (Afjp). Reestatizado el sistema, en noviembre de 2008, ese 15% no volvió a las provincias, a pesar de que, como en el caso de Córdoba, muchas tienen su propio sistema previsional desfinanciado. Además, al menos en el caso de Córdoba, La Nación no envía el dinero comprometido para pagar los haberes de los jubilados desde hace un año y medio.
Fuentes del oficialismo locales estimaron que esa deducción de recursos implica en el caso de Córdoba una pérdida de aproximadamente 2 mil millones de pesos en todo 2012, monto superior al déficit del sistema previsional local. Por esta morosidad, la Provincia presentó hace unos días el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia.
El proyecto que debatía anoche la Legislatura fue presentado por el gobernador peronista, José Manuel de la Sota, que anoche se hizo presente en el recinto de Diputados para seguir las instancias de la votación y ratificar
que está ‘abierto al diálogo’.
Según adelantó el jefe de Gabinete provincial, Oscar González, tras la aprobación del proyecto los pasos a seguir serán: ‘primero, notificaremos a todas las jurisdicciones; segundo, intimaremos a la Nación; y tercero, recurriremos a la Corte Suprema‘.
Desde el Justicialismo se dejó en claro el que el oficialismo aprobará sí o sí la ley. Por su parte, juecistas y radicales coincidieron en dos propuestas: a) que se incluya una cláusula que impida al Gobierno provincial desistir del eventual reclamo judicial ante la Corte sin la anuencia de la Unicameral; y b) que el eventual reclamo incluya “los 10 mil millones de pesos que la Nación no le ha pagado a Córdoba desde 2006 cuando dejó de tener vigencia el pacto fiscal”.
Desde el Frente Cívico señalaron que aprobarán el proyecto en general. Los radicales, en cambio, condicionaron su apoyo a la inclusión de sus aportes. De lo contrario, dijeron, votarán en minoría sus propias iniciativas. En tanto, los representantes de Kolina resolvieron no asistir al debate. (DyN, La Mañana, La Voz del Interior)