Tras la dura crisis económica e institucional que se desató en el Gobierno de Alfredo Avelín, la provincia logró en abril de 2003 un acuerdo financiero clave que le permitió tomar oxígeno para empezar a despegar. El 7 de ese mes, con el bloquista Wbaldino Acosta como sucesor del destituido cruzadista y el justicialista José Luis Gioja a cargo de la presidencia de la Nación, San Juan firmó el convenio definitivo de ingreso al Programa de Financiamiento Ordenado y así, pudo obtener recursos frescos para comenzar a saldar la tendalada de deudas que arrastraba.

El salvataje nacional fue suscripto por Acosta, Gioja y el por entonces ministro del Interior, Jorge Matzkin y si bien no fue la solución definitiva, marcó un antes y un después y una oportunidad concreta para salir de la delicada situación institucional y política en la que había quedado sumida el año anterior la provincia. A cambio de bajar la deuda flotante, incrementar la recaudación y continuar en el plan de ordenamiento, el Estado sanjuanino recibió 68,5 millones de pesos para pagar, entre otras cosas, sueldos, aportes a gremios, coparticipación a municipios y obligaciones con proveedores.

Acosta había asumido en septiembre de 2002 en lugar de Avelín, que fue destituido en medio de un fuerte revuelo social y el descontento generalizado de los estatales, a los que les llegó a deber seis meses de sueldos. Gioja era senador y virtual vicepresidente de la Nación y el día de la firma del acuerdo, reemplazó a Eduardo Duhalde en el sillón de presidente.

El bloquista había estado a punto de pactar con la Nación en dos oportunidades anteriores, pero la firma se abortó por diversos motivos. Y la muñeca política del justicialista terminó siendo fundamental para que la gestión duhaldista accediera a concederle el préstamo a la provincia, que en ese entonces no llegaba a juntar toda la plata para pagar el alto nivel de gastos que tenía.

El acuerdo fue por un total de 120 millones de pesos, pero algo más de 52 millones de pesos fueron descontados por la Nación para cancelar deuda financiera que la provincia mantenía con organismos mutilaterales de crédito como el BID y el Banco Mundial. En ese entonces, las arcas sanjuaninas registraban una deuda de 40 millones de pesos en sueldos, 36 millones a los gremios y nada menos que 111 millones a proveedores y sin ayuda era imposible hacerle frente y empezar a dejar atrás el caos.