La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), integrada por 34 países, incluyendo los más desarrollados, y de la que forma parte la Argentina desde 2000, ha dado a conocer las conclusiones del Grupo de trabajo sobre la Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.
Respecto a nuestro país, hace mención a la positiva sanción del nuevo Código de Procedimiento Penal, impulsado por el Gobierno a fin de agilizar la Justicia, y también destaca la apertura de investigaciones judiciales en varias de las 10 acusaciones de supuesto cohecho trasnacional, desde 2001, aunque advierte la lentitud del avance de esas causas.
Debe recordares que esta Convención es el primer instrumento global contra la corrupción, que se centra en la faz "activa" del cohecho trasnacional, es decir en la oferta, la promesa o la concesión de cualquier beneficio indebido. Para la OCDE, Argentina incurre en un serio incumplimiento de artículos clave al no prever la responsabilidad corporativa en los casos de soborno y corrupción trasnacional.
Es así que el país fue objetado por no aplicar las recomendaciones desde 2001, en relación a la competencia nacional para enjuiciar al soborno y a las deficiencias extranjeras en el delito de cohecho trasnacional, aunque reconoce que hubo pequeñas soluciones en los problemas del sistema de justicia penal. Pero, entre otro puntos, advierte los retrasos generalizados que siguen "plagando la investigación de los delitos económicos". En síntesis, no mostramos avances en la lucha contra estos ilícitos desde 2001.