La jueza que tiene a su cargo la megacausa de las expropiaciones, María Inés Rosellot, aseguró que se jubilará este año, aunque no precisó la fecha. La magistrada quedó en condiciones de pasar a retiro con el beneficio del 82 por ciento móvil porque la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) le aceptó el expediente en el que pide el beneficio y ahora está a la espera de la resolución respectiva. Después, quedará habilitada para presentar la renuncia. Cuando se vaya, la causa quedará en manos de quien sea su sucesor, una cuestión que genera temor en el sentido de que la investigación se pueda llegar a demorar.
“Todavía no tengo decidida la fecha, no tengo plazo, pero será dentro de este año para no perder el beneficio”, dijo la jueza.
Cuando la magistrada se vaya y sea designado un nuevo juez, se definirá quién continúa con la investigación. Hay tres opciones: que se haga cargo de la misma, que se inhiba o que sea recusado. En los dos últimos casos, la causa pasará al Primer Juzgado de Instrucción, a cargo de Alberto Benito Ortiz.
Rosellot tiene a su cargo una de las causas más sensibles al interés del Gobierno provincial, porque existe la sospecha de que estuvo funcionando una red en la que participaban jueces, funcionarios y empleados públicos que se beneficiaban con los juicios que se iniciaban contra el Estado para la construcción de obras públicas, como el dique Cuesta del Viento, el Parque de Mayo y el Canal Benavídez (ex Playas).
En el medio está pendiente un pedido del fiscal Carlos Rodríguez, que solicitó que se llame a indagatoria a los abogados Santiago Graffigna y Horacio Alday, a los seis exmiembros del Tribunal de Tasaciones, a la experito oficial Ana María Melvin, al exfiscal de Estado Mario Díaz y al exempleado de Recursos Energéticos Néstor Ruiz. Es por la sospecha de que hubieran cometido defraudación contra las arcas públicas y asociación ilícita. Incluso podrían quedar detenidos.
Desde el pedido del fiscal, quedó latente la decisión de la jueza para que los convoque. En el camino hubo varias demoras porque primero su Juzgado estuvo de turno y vino la feria judicial. El temor es que si la jueza se va porque se jubila, el proceso se vaya a demorar.
Al respecto, el fiscal de Estado de la provincia, Guillermo De Sanctis, que es querellante en la causa, dijo ayer en declaraciones a Radio Light, que “la jueza todavía no se va a ir, incluso la Corte le puede pedir que siga”. “La causa no se va a quedar sin juez “, sostuvo el funcionario.
Una vez presentada la renuncia ante la Corte de Justicia, cuando la jueza lo decida, el cuerpo mandará el planteo a la Cámara de Diputados de la provincia, porque son los legisladores los que la puedan aceptar o rechazar. Si la aceptan, se debe comunicar al Consejo de la Magistratura que se ha producido una vacante y se inicia el procedimiento de reemplazo.
Mientras se lleva adelante el trámite, la Corte le puede pedir a la jueza que se quede hasta que sea nombrado el sucesor.