El juez de Instrucción Alberto Benito Ortiz procesó a los cinco miembros de una familia y a dos policías que trabajaban en la Planta Verificadora, por considerar que formaban una asociación ilícita que, al menos entre 2011 y 2015, vendió como mellizos, autos robados en Mendoza que eran acondicionados con autopartes y los papeles en regla de vehículos sanjuaninos, comprados a muy bajo precio por estar dañados o viejos.
El único que quedó detenido es Luis Esteban Muñoz (57 años, alias ‘Diablo’), porque le atribuyen ser jefe de esa asociación ilícita, un delito no excarcelable, dijeron fuentes judiciales.
Muñoz, su esposa Mónica del Carmen Páez (52) y los hijos de ambos Emanuel Matías (26), Mauro Ezequiel (25) y Luis Kevin (21) fueron procesados por 12 estafas y el encubrimiento del robo de 17 vehículos e igual número de falsificaciones en esos rodados: cinco camionetas Ford F100, otra Chevrolet C10, tres Reanult 12, dos VW Gacel, un Fiat Uno, un Fiat 147 y otro 128, un Chevrolet Corsa, un VW Senda y una VW Saveiro.
La esposa y los hijos de Muñoz fueron considerados parte de la asociación ilícita, igual que los sargentos de Policía Víctor Miguel Espejo (48) y Eduardo Jesús Avila (48). A Espejo le atribuyó además una participación necesaria en 7 hechos, respectivamente, de estafas, encubrimiento agravado, y falsificación y alteración de objetos registrales. Y 21 casos de falsedad ideológica agravada por ser funcionario público.
Avila intentó despegar con el argumento de que solo firmó lo que le señalaba Espejo, pero el juez le enrostró participación necesaria en 5 hechos de estafas, encubrimentos agravados, falsificación y alteración de objetos registrales. Y 8 casos de falsedad ideológica.
El caso había sido descubierto por policías de la Brigada Sur, que en casa de los Muñoz, en Chimbas, secuestraron, además, $98.000, 2 armas y unas 20 balas. Según el fallo, los Muñoz compraban un auto dañado en regla, encargaba a Mendoza el robo de uno similar en mejor estado y a este último vehículo le traspasaban el motor, el número de chasis y los documentos sin problemas. Luego lo ponían a nombre de alguno de ellos y lo vendían. En esa cadena, los peritos ayudaban con informes falsos sobre la legalidad o un pedido para que el Registro del Automotor asigne nuevos números de chasis.
‘Sin duda todos en la familia Muñoz participaban activamente del negocio con autos sustraídos. Y los peritos fueron determinantes en la consumación de los ilícitos’, dice el juez en su fallo.