La fiscal pidió el jueves que se abriera la investigación y el juez ya ordenó el allanamiento.
La investigación por el supuesto pedido de coima del intendente de Zonda, Miguel Atampiz, a un empresario desató la primera medida judicial. Personal policial y del Cuarto Juzgado de Instrucción allanaron ayer el edificio municipal y secuestraron documentación vinculada a un emprendimiento inmobiliario que estaba llevando a cabo quien fuera el apoderado de la compañía involucrada. La orden fue del juez Martín Heredia, quien ya comenzó a recolectar las pruebas para armar las piezas de la causa y constatar si hay delito y responsables.
El abogado de Luis Semo dijo que por ahora no harán declaraciones sobre el caso.
Los investigadores llegaron a eso de las 10 al palacio comunal y con sorpresa descubrieron que estaba cerrado porque el intendente había decretado asueto. No obstante, contactaron al personal que terminó abriendo las oficinas para que se llevara a cabo la medida. Los pesquisas no sólo se llevaron la documentación del emprendimiento inmobiliario sino también los expedientes por las compras de una movilidad y una maquinaria que están bajo investigación debido a la denuncia que realizaron 2 concejales de la oposición, Carolina Aravena y Francisco Gelves (Ver recuadro).
Fuentes judiciales dijeron que el magistrado está analizando citar a los 2 ediles para que ratifiquen la denuncia entre mañana o el jueves. La medida, al igual que el allanamiento y secuestro, fue solicitada por la Fiscalía de Instrucción a cargo de Ana Lía Larrea. En la declaración de los denunciantes, la fiscal apunta que den más detalles de cómo se habría desarrollado, para ellos, la presunta maniobra.
En el audio que salió a la luz la semana pasada, Atampiz habla con Luis Semo, quien era el representante de Plan B, ya que fue desplazado por el titular de la empresa, Hugo Tadioli, dijeron en el municipio. La firma está haciendo un complejo de 7 cabañas en el llamado Loteo Recabarren y planea realizar un emprendimiento turístico sobre calle Las Moras. En la escucha, Semo le recuerda al jefe comunal que el abogado que había enviado en representación suya le pidió 2 millones de pesos y 8 lotes para repartir entre los concejales. Por lo que manifiesta, era para que le aprobaran una ordenanza que le habilite una calle en el proyecto de calle Las Moras. Pero según su relato, “el negocio” se cayó porque 2 concejales del equipo del jefe comunal, Héctor Godoy y Javier Monla, fueron a hablar con autoridades provinciales y que un funcionario llamó al dueño de la compañía y se cortó todo.
Además, el exapoderado también buscaba los permisos municipales para la electricidad en el Loteo Recabarren. Aravena manifestó que a la hora de ratificar la denuncia solicitará que se investiguen los 2 casos.
En el audio, Atampiz le asegura a su interlocutor que nunca le pidió un peso e inclusive le recuerda que tiene que pagar impuestos. A este medio le afirmó que jamás envió a alguien a exigirle plata a Semo. Por eso, el intendente destacó que lo denunciará. Y no será el único que tomará medidas. El concejal Monla había dicho que seguirá el mismo camino y Juan Bautista Bueno, abogado de Alejandro Genest, a quien el exapoderado señala en el audio como el enviado del jefe comunal que pidió el dinero, también había resaltado que va a iniciar acciones legales.
Monla señaló que es una maniobra para ensuciarlos y explicó que el Concejo Deliberante en su totalidad no le dio curso a la ordenanza que habilitara el proyecto de calle Las Moras debido a que no tenía ninguna documentación. Y lo mismo sucede con el Loteo Recabarren, aseguró.
Descargo
En el audio, Semo le dice a Atampiz que “vino Pancho (por Francisco Gelves) y lo único que me pidió fue unos baños y después vino la concejal (por Carolina Aravena) y me pidió unos castillitos, nada más”. La edil explicó que le solicitaron por escrito la donación de esos elementos por un chocolate del Día del Niño, pero negó que tenga algo que ver con maniobras delictivas.
El audio
11 Minutos dura la escucha entre Atampiz y Semo. El audio circuló por Whatsapp, los denunciantes lo descargaron, lo certificaron en una escribanía y lo presentaron en la Justicia.
Compras bajo la lupa
En su denuncia, los concejales opositores Carolina Aravena y Francisco Gelves también apuntaron contra la gestión de Miguel Atampiz por 2 compras supuestamente teñidas de irregularidad. Tras el pedido de la fiscal Ana Lía Larrea, el juez Martín Heredia ordenó el secuestro de la documentación ligada a esos expedientes.
Uno de ellos es por la compra directa de una máquina cargadora por 733 mil pesos, cuando el monto permitido bajo esa modalidad de adquisición es de 90 mil pesos, según resaltaron. Los ediles remarcaron que no se le pidió autorización al Concejo Deliberante y que desconocen el origen de los fondos, en concepto de qué llegó la partida y el monto total que recibió la Municipalidad. Destacaron que la administración de Atampiz “se niega por todos los medios a efectuar cualquier rendición de cuentas, a pesar de habérsele solicitado en varias oportunidades”. Además, remarcaron que el jefe comunal se maneja de “forma autocrática y autoritaria”.
Según explicaron, de acuerdo a la ordenanza 02/16, la adquisición de bienes superiores a 90 mil pesos se deben efectuar a través de licitación pública.
Por otro lado, manifestaron que se trató de una compra “sin sentido”, debido a que el cuerpo deliberativo había habilitado al Ejecutivo comunal a disponer de 180 mil pesos para la reparación de la retroexcavadora que ya tiene el municipio.
Aravena y Gelves resaltaron que el hecho de llevar a cabo compras directas en vez de llamar a licitación no es un mecanismo aislado. Presumen que la adquisición de un auto Chevrolet Corsa, con motivo de celebrarse la fiesta departamental del 12 de marzo, también se realizó bajo la primera modalidad.