El exintendente de Ullum Daniel Albarracín se encuentra bajo la lupa por fraude contra el municipio porque en su gestión se habría pagado la realización de trabajos en 2 obras que en realidad no se hicieron. Si bien el delito es excarcelable, su abogado aun así pidió que siga en libertad luego de que sea indagado. Ante el planteo, el juez Martín Heredia, del Cuarto Juzgado de Instrucción, le concederá la eximición de prisión, siempre y cuando cumpla con una fianza de 200 mil pesos. En la práctica, la decisión apunta a que el exjefe comunal tenga que poner dinero o bienes a cuenta del Tribunal, lo que sirve de ancla para que no esquive a la Justicia y se presente a declarar y a cualquier requerimiento del magistrado, ya que si no cumple se los pueden ejecutar.
La fianza, también llamada caución, no fue sólo para Albarracín sino también para su entonces secretario de Obras, Horacio Ortiz, quien está en la mira por el mismo delito. De todas formas, su defensor puede pedir que el propio juzgado revea el monto si los implicados no cuentan con el dinero ni los bienes o que un tercero pueda cubrir el valor. Y si no le hacen lugar, puede apelar a una instancia superior, explicaron fuentes calificadas. Hasta que no haya una definición sobre ese punto, las fechas de las indagatorias son inciertas.
Las causas surgieron a raíz de la denuncia que en febrero presentó el sucesor de Albarracín, el basualdista Leopoldo Soler, en la Fiscalía de Instrucción a cargo de Ana Lía Larrea. Una de ellas es la construcción de un jardín maternal en el barrio Ullum II con fondos municipales, el cual debía estar listo con terminaciones exteriores y la pintura, las instalaciones eléctricas y sanitarias e iluminación y sólo está la obra gruesa. El contrato se firmó en 3 expedientes con una cooperativa que debía realizar los trabajos. Apenas asumió Soler, encargó una auditoría interna y en dos de los convenios salió a la luz que se abonaron certificados de avances de obras por la casi totalidad de las tareas, pero que en la práctica no se habrían llevado a cabo. El tercer expediente señala que se realizó el 62,5 por ciento de la obra, pero como en el contrato no se especificaron los ítems que se debían hacer, la auditoría no pudo determinar el verdadero avance de obra. De acuerdo a la denuncia, se desviaron un total de 367 mil pesos.
El segundo caso tiene que ver con la remodelación de la planta de agua potable municipal. La auditoría también reveló que se pagaron certificados por trabajos que no se habrían realizado.
La lupa se posó sobre el ex jefe comunal debido a que fue el máximo responsable de la administración departamental, mientras que Ortiz fue quien autorizó que se pagaran todas las tareas.