La inflación real, que se niega o minimiza con las insólitas mediciones del INDEC, ha puesto en marcha los reclamos salariales a través de las organizaciones sindicales, que piden aumentos de hasta el 40 por ciento en algunos casos. La mayoría de los gremios pretende incrementos superiores al 30% a nivel nacional, aunque estas demandas han creado un clima de tensión en el mismo seno del movimiento laboral y con duras réplicas oficiales.
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, salió al cruce de las pretensiones sindicales señalando que los pedidos de 30 o 35% de aumento "no aportan a la racionalidad de la discusión" paritaria, a la vez de indicar que esa cifra no se sostiene en nada, porque son expresiones que buscan generar una expectativa que no ayuda a resolver la negociación del ajuste. Por su parte, el ministro de Economía, Amado Boudou, se sumó al debate de los aumentos y responsabilizó a los empresarios por las subas de precios. Sin embargo, observó que los problemas de inflación hay que remediarlos con "políticas concretas", precisamente las que siguen sin aparecer.
Claro que en esta polémica mediática también está de por medio una pulseada entre las dirigencias de la CTA, de la CGT Azul y Blanca y de la cautelosa CGT oficial de Moyano, que no quiere irritar al gobierno con números de piso o techo desmedidos y dejó trascender que algunos gremios quieren "prender la mecha" con sus pedidos. Lo cierto es que ahora, más que nunca, se debe ser muy medido para que los aumentos cubran el desequilibrio con los precios y no aviven el fuego inflacionario. La experiencia dice que en la carrera de precios y salarios siempre perdió la capacidad adquisitiva del trabajador.