La ciudadanía sigue expectante ante el debate sobre la controvertida relación entre el poder político y la Justicia, los grados y condiciones de su independencia. Pero a la vez, y quizá como efecto secundario, se instaló una discusión dentro del ámbito judicial, en el que la cercanía o lejanía con el oficialismo sólo explica en parte las posiciones tomadas.

Hacer una reflexión crítica sobre el funcionamiento global de la Justicia en base al fallo de un tribunal oral provincial, como el caso de Marita Verón, resulta oportunista y desproporcionado. Por otra parte, referirse a la Justicia como si fuera una sola tampoco ayuda a informar a la sociedad. Además de la Justicia Federal, cada provincia tiene su Poder Judicial.

Cuando se habla de "democratizar" la Justicia, hay que entender que esto implica un Poder Judicial con más acceso a la información y rendición de cuentas, más conocimiento del Derecho y acceso a la Justicia por parte de sectores vulnerables y más participación de la sociedad en el proceso de designación de los magistrados y en la resolución de los casos que los afectan.

Resulta claro que el modo de relación de la Justicia con las mayorías democráticas es un tema de discusión pendiente en el país, y al mismo tiempo, no puede haber vacilaciones sobre la necesidad de que la Justicia proteja derechos individuales y colectivos frente a lo que hacen y a lo que dejan de hacer los poderes democráticos y mayoritarios. Para eso hace falta independencia, transparencia y eficiencia.

El tema instalado por la Presidenta es positivo porque permite la discusión y apertura de agendas para comprometer a sectores de la Justicia en el impulso de transformaciones pendientes que se deberán plantear. Es importante que se mejoren los sistemas de designación de jueces y garantizar un ingreso pluralista en la Justicia. Hay que definir políticas para romper el corte clasista y corporativo de los poderes judiciales. Y establecer reglas para prohibir el nepotismo directo o indirecto, y mejorar los procesos disciplinarios y de remoción de jueces.

Al mismo tiempo, es fundamental avanzar en que los jueces paguen el impuesto a las ganancias y que hagan públicas sus declaraciones juradas. La sociedad necesita confiar en la Justicia, ya que es un elemento básico para la gobernabilidad de cualquier sistema político. En tal sentido, existe una responsabilidad compartida que debe ser asumida de manera oportuna por todos los sectores políticos, para así consolidar los logros alcanzados a partir de la renovación de la Corte Suprema en la década pasada.