El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, Federico López Alzogaray, fue denunciado por el Comité de Derechos Humanos del Instituto Interamericano para la Democracia (IID), tras identificar lo que serían graves violaciones a los derechos humanos contra un campesino al que, según la investigación, habría despojado de sus tierras y lo habría obligado a abandonar su propiedad.
El comité viajará próximamente a Argentina para presentar un informe ante las autoridades judiciales y exponer las irregularidades en el caso de Manuel Asencio Ardiles, la víctima de un hecho que ya tomó estado público en la prensa de los Estados Unidos.
De acuerdo con la investigación, Federico López Alzogaray utilizó supuestamente su posición de presidente de la máxima autoridad judicial de Santiago del Estero para presentar una demanda y dictar una medida precautelatoria que obligaba a Ardiles a abandonar su propiedad. Armando Valladares, presidente del IID y ex embajador de EEUU ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, afirmó que la investigación incluyó una visita a la zona afectada, la recepción de testimonios y un análisis de documentos legales: “Tras una amplia investigación, hemos podido constatar las irregularidades y violaciones a los derechos humanos de esta familia en Argentina”.
Valladares y otros miembros del IID, como Marcel Feraud y Norberto Spangaro, planean reunirse con autoridades argentinas para entregar el informe y exigir una investigación exhaustiva ya que el IID considera que López Alzogaray habría incurrido en violaciones a varios artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“Lo más grave es que estos hechos se produjeron bajo un ropaje de legalidad, utilizando el sistema judicial para vulnerar los derechos de un campesino”, declaró Feraud, secretario del IID, durante la conferencia de prensa realizada el viernes último en la ciudad estadounidense.
El 19 de enero de 2023, el Comité visitó a Manuel Asencio Ardiles y a su familia en un caserío del municipio de Forres, en Santiago del Estero. Ardiles estaba muy delicado de salud, por lo que el encuentro se hizo con su esposa y su abogado, Juan Parra. La familia Ardiles habitaba una vivienda prestada, en condiciones de extrema pobreza, sin medios económicos para subsistir ni adquirir medicinas necesarias.
“Ardiles, un hombre anteriormente vital y dedicado al trabajo agrícola, se encontraba postrado en su cama, afectado profundamente por la pérdida de sus tierras”, remarcó el informe de la IID. De hecho, días después de la visita, el 23 de enero de ese año, mientras la comisión aún trabajaba en la zona, Ardiles murió.
La esposa del campesino describió al detalle cómo fueron hostigados y amenazados por empleados de López Alzogaray y relató la brutalidad con la que se ejecutó el desalojo, que involucró a un centenar de policías, quienes impidieron a la familia llevarse sus pertenencias personales y ropa. “Ni siquiera algunas gallinas que utilizaban para subsistir”, detallaron en el informe. Como resultado, en las siete hectáreas que les quedaron, no pudieron alimentar a los animales y murieron de hambre.
Valladares y Feraud informaron sobre el caso a las autoridades competentes tanto en Santiago del Estero como en Buenos Aires. En Santiago del Estero fueron recibidos por Carlos Silva Neder, vicegobernador de la provincia, y por la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Matilde O’ Mill. El Comité expuso el caso y destacó el estado de total desamparo en el que se encontraba la familia Ardiles.
También se reunieron con Eduardo José Ramón Llugdar, vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, quien disculpó la ausencia del presidente del Tribunal por encontrarse de vacaciones. “El Comité expresó su preocupación por las inconsistencias jurídicas y la rápida y sorprendente medida cautelar que permitió el despojo de Ardiles, contraviniendo la esencia de una acción reivindicatoria”, dice el informe de la IID.
Luego, los representantes del comité viajaron a Buenos Aires, donde se reunieron con Mariano Przybylski, director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la secretaría de Derechos Humanos durante el gobierno de Alberto Fernández. “El Comité informó detalladamente al funcionario sobre el caso Ardiles y las observaciones de la Comisión. El Dr. Przybylski se comprometió a estudiar el caso, analizar las conclusiones del informe y tomar las medidas correspondientes”, indicó el documento del Instituto Interamericano para la Democracia, desde donde solicitaron al Estudio Odriozola y Curutchet, de los juristas argentinos Juan Martín Odriozola y Juan Curutchet el análisis del expediente del caso.
El expediente involucra la demanda de “reivindicación de dominio” planteada por López Alzogaray en contra de Manuel Ardiles en su propia jurisdicción. Según el magistrado, él sería el titular de las tierras. Para sostener esa afirmación se basó en una cédula real del año 1803 a favor de su familia.
La defensa de Ardiles presentó como excepción que heredó los derechos derivados de la usucapión o prescripción adquisitiva de dominio, otorgada judicialmente a su padre e inscrita en el registro de propiedad correspondiente hace más de 50 años. Sin embargo, esta excepción fue impugnada por el demandante, al alegar que en el catastro registral no se encuentra la inscripción de la sentencia a favor de Ardiles.
“La sentencia judicial, confirmada en apelación y por el Superior Tribunal en Casación, operó como una revisión de una sentencia firme con autoridad de cosa juzgada desde hace 45 años. Esta sentencia no solo destruye el instituto de la prescripción adquisitiva, sino que además hace responsable a Ardiles por una falta o negligencia del registro de propiedad al no inscribir correctamente su derecho adquirido”, expuso el informe de la IID.
Según la entidad, el proceso judicial presenta varias irregularidades, entre las que destacan que el demandante ostenta la posición de presidente del Superior Tribunal de la provincia, lo que plantea un posible conflicto de intereses; que López Alsogaray alegó sin pruebas que Ardiles era un contratado para explotar la tierra, sin presentar un contrato.
El juez de instancia aceptó la solicitud del demandante, y dictó una medida cautelar que despojó a Ardiles de 23 de sus 30 hectáreas. “Este desalojo afectó también a los hijos de Ardiles y sus familias, quienes no fueron parte en el proceso judicial y fueron desalojados sin sentencia judicial que los mencionara, violando su derecho a la defensa”, consideró la IID, cuyo informe jurídico concluye que, en este proceso, “la Justicia se ha alejado de la búsqueda de la verdad y ha cometido una injusticia contra un ciudadano de escasa instrucción y patrimonio”.
Asimismo, recomendaron que la provincia de Santiago del Estero “debe responder a la familia Ardiles por los errores de su catastro, la pérdida de los expedientes judiciales y, en definitiva, la conculcación del derecho a la propiedad y a la vivienda reconocidos por la Constitución local”.