Cientos de personas protestaron en el centro de Madrid contra la anulación a partir de ayer de la tarjeta sanitaria de los inmigrantes que no cuentan con permiso de residencia en España, una decisión del gobernante Partido Popular que calificaron de “apartheid sanitario” y de “xenófoba”.
El acto se celebró contra la entrada en vigor de esta medida, que afecta a más de 150.000 inmigrantes irregulares en España, y que está incluida en un decreto de medidas urgentes de ahorro del Gobierno para salvaguardar el futuro de la salud pública.
El Ministerio de Sanidad anuló ayer la tarjeta sanitaria de todos los extranjeros que no cotizan a la Seguridad Social en España y de los españoles que nunca trabajaron y con ingresos superiores a 100.000 euros (125.000 dólares) al año.
Los extranjeros sin papeles sólo podrán tener asistencia sanitaria gratis en casos de urgencia, por accidentes, enfermedad grave y en el embarazo, parto y postparto, a excepción de los menores de 18 años que recibirán los mismos servicios que el resto de los españoles.
Con la nueva normativa, las personas menores de 65 años que quieran ser atendidas por los centros sanitarios públicos deberán pagar 710,40 euros al año -59,20 mensuales- y las que superen esa edad, tendrán que pagar más del doble.
Frente a la entrada en vigencia del plan de ahorro del presidente español, Mariano Rajoy, una treintena de organizaciones y colectivos de la sociedad civil, asociaciones de inmigrantes y refugiados y de defensa de los derechos humanos, convocaron esta concentración frente al hospital madrileño Gregorio Marañón.
Los asistentes, muchos de ellos extranjeros que residen en España, corearon proclamas como “ningún ser humano es ilegal” o “Partido Popular, Ku Klux Klan”, al tiempo que pidieron la dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato.
También portaron pancartas en las que se podía leer “No a las medidas discriminatorias y racistas” o “Recortes en Sanidad = muerte”.
Desde Médicos del Mundo, un portavoz, Mario Pérez, exigió al Ejecutivo la derogación del decreto porque, señaló, vulnera el derecho a la salud y colapsará las urgencias ahora que los inmigrantes irregulares no tienen otro lugar al que acudir, generando “gasto en lugar de ahorro”.
No existen datos oficiales sobre las personas que residen en España sin permiso, aunque el cruce del número de extranjeros del Instituto Nacional de Estadística con aquellos que no figuran en los registros del Ministerio español de Empleo, arroja una cifra de ciudadanos “sin papeles” de 459.946 personas.
De estas, unas 153.469 son inmigrantes no comunitarios indocumentados, los más perjudicados por esta medida, al pertenecer a un colectivo vulnerable y con escasos recursos.
Varias organizaciones de médicos han iniciado una campaña de objeción de conciencia para no obedecer el decreto, a la que ya se sumaron unos 1.800 profesionales sanitarios. Y Cataluña, Galicia, País Vasco, Castilla y León, Navarra, Andalucía o Asturias anunciaron que seguirán atendiendo a los indocumentados.