Autoridades de varios países de América Latina han sido alertadas sobre la existencia de una ruta de posibles elementos extremistas islámicos cuyo paso a través de Venezuela ha quedado documentado.
Esas personas habrían llegado a los aeropuertos internacionales de Brasil, y después de un tiempo se desplazaron a la zona fronteriza con Venezuela, país santuario que intenta alcanzar para coordinar su desplazamiento a México y luego seguir su itinerario hacia los Estados Unidos.
La alarma no es nueva, fue activada en 2014 por Gyoris Guzmán, director de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo de Venezuela de ese momento. Guzmán, que lleva tiempo exiliado en España por la persecución ejercida sobre él por el vicepresidente venezolano Tarek el Aissami, explicó que su denuncia no generó ninguna atención ni reacción del Ministerio del Interior venezolano, cuya titular de entonces, Carmen Meléndez, desestimó la gravedad de lo revelado por las investigaciones.
Según asegura Guzmán, “todos los obstáculos puestos por la ministra estaban muy vinculados con el alto mando político del Gobierno, en el que para esa fecha el actual vicepresidente, El Aissami, tenía injerencia en decisiones de envergadura en el manejo de las relaciones con grupos activistas musulmanes locales y personas que llegaban del mundo árabe islámico”.
“En Venezuela hay una total falta de compromiso del Gobierno para una lucha sincera y acertada contra la criminalidad”, indicó Guzmán, advirtiendo que el régimen chavista “incumple sus propios compromisos internacionales adquiridos con Naciones Unidas o con organismos regionales como UNASUR y MERCOSUR. “Es la ausencia por completo de un Estado”, sentenció a la prensa española.
“Acuerdos secretos del chavismo para acoger en territorio venezolano células de Hezbollah, el grupo político-terrorista chiita de origen libanés y patrocinado por la República Islámica de Irán, han sido verificados por mi oficina”, dijo Guzmán al diario El Mundo.
También han sido conocidas las operaciones encubiertas desde embajadas de Venezuela en Oriente Medio para facilitar pasaportes a extremistas islámicos. Ahora ha quedado al descubierto otro elemento de esa ayuda chavista al radicalismo musulmán: una ruta a través del territorio nacional venezolano. De acuerdo con las investigaciones que hizo el equipo de Guzmán, expuestas en un foro de seguridad de Mercosur, entre 2013 y 2014, cerca de cuarenta personas supuestamente vinculadas con el extremismo islamista entraron ilegalmente en diferentes viajes a Venezuela desde Brasil por el puesto fronterizo próximo a Santa Elena de Uairén.
Estos elementos llegaron a Brasil ingresando por los aeropuertos internacionales de San Pablo y Río de Janeiro, y luego de cortas estancias en el país se desplazaron, posiblemente en vuelos locales hasta Manaos, en el corazón del Amazonas. Luego siguieron su camino por tierra. Una vez en Venezuela, 24 de ellos atravesaron el país y entraron a Colombia por Cúcuta. La mayoría fueron detenidos al entrar, pero otros se perdieron del radar de las fuerzas de seguridad colombianas y disponen del apoyo de los que quedaron en Venezuela para continuar su camino, probablemente a México y a los EEUU.
“La mitad de los detenidos eran de nacionalidad somalí, pero también había personas procedentes de Bangladesh, Etiopía y Kenia. Todos eran musulmanes y pudimos constatar su radicalismo; aunque no fue posible establecer una vinculación directa con grupos terroristas concretos, concluimos que algunos provenían de zonas en las que podían haber estado en contacto con el Estado Islámico (ISIS por sus siglas en inglés) o células de Al Qaeda, como de Hezbollah”, afirmo Guzmán.
Las investigadores colombianos demostraron que la ruta ya se había asentado gracias a contactos locales que habían permitido crear una red para pernoctar en hoteles escogidos y que incluso podían lograr permisos de trabajo (dos de los detenidos contaban con visas de empleo expedidos por autoridades brasileñas).
La venta de pasaportes venezolanos a miembros de movimientos islamistas fue investigada también por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo cuando era dirigida por Guzmán. Pasaportes venezolanos fueron vendidos en un local comercial de Kuala Lumpur, capital de Malasia. Allí, agencias europeas de seguridad pudieron establecer que en un local comercial específico se vendían pasaportes venezolanos, aunque no lograron determinar los nombres de las personas que habían pasado a disponer indebidamente de esos documentos. La operación llevó a la detención en Venezuela de más de una decena de funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).
La venta de pasaportes venezolanos ha sido expuesta en diversas informaciones. Hace un año, Misael López, que ejerció de número dos en la Embajada en Irak, denunció que en la delegación diplomática en Bagdad se habían estado vendiendo pasaportes de manera habitual. Además, aportó pruebas que ponían en evidencia cómo elementos vinculados con Hezbollah disponían de varios documentos de identidad expedidos por las autoridades venezolanas. Por otra parte, también se ha denunciado la facilidad de entrada a Venezuela que han tenido ciudadanos iraníes y sirios sospechosos de actividades narcoterroristas.
Gyoris Guzmán recuerda el caso de cuatro de ellos, que, junto con un afgano, fueron detenidos en Caracas en noviembre de 2013 cuando ya habían abordado un avión con destino a Canadá. Fueron detectados cuando antes del despegue la tripulación contó el número de pasajeros y comprobó que había cinco que no figuraban en la lista. Guzmán asegura que varios de ellos se habían alojado en el hotel Galaxy de Caracas, conocido como lugar de preparación de mulas para el transporte de droga, y una de esas personas ya había sido detenida previamente por narcotráfico al regreso de un viaje a Ecuador.
Al mismo tiempo, el funcionario destacó que por primera vez en Latinoamérica los tribunales condenaron por terrorismo a individuos pertenecientes a grupos terroristas islámicos en Brasil por el intento de ataque durante los Juegos Olímpicos del año pasado; y en Perú, actualmente se está celebrando el juicio contra el chiita libanés Mohamed Ghaleb Hamdar, quien fue detenido en 2014 en Lima mientras preparaba un atentado terrorista. En el caso de Perú, esta sería la primera vez que un país latinoamericano califica de facto a Hezbollah como grupo terrorista.