El Gobierno uruguayo instrumentó nuevas medidas contra el coronavirus, cerrando fronteras y limitando la movilización dentro del país. Entre los nuevos lineamientos, se aseguró que la ley es “para cuidar la salud y la vida de la gente aún a costa de limitar algún derecho”. La medida tendrá una vigencia de 60 días y se podrá prorrogar por única vez durante 30 días más.
El ministro del Interior uruguayo, Jorge Larrañaga y su par de Defensa Nacional, Javier García, indicaron que habrá 500 efectivos del Ejército y Prefectura trabajando en las fronteras para “evitar aglomeraciones que perjudiquen la salud de los compatriotas”.
“La frontera del litoral con los puentes (entre Argentina y Uruguay) estarán vallados”, aseguró García, quien remarcó que “esta disposición nadie la adopta con alegría, en ninguna circunstancia. Pero están determinadas porque hay que preservar derechos muy importantes y diría que sagrados, como el derecho a la vida y la salud”.
El ministro de Defensa Nacional uruguayo, Javier García remarcó que tampoco se habilitarán vuelos ni embarcaciones particulares y explicó que se colocarán 25 puestos de control a lo largo de la frontera. Habrá 15 puestos en el límite con Brasil y 10 en la frontera Argentina y las personas que vivan y trabajen en distintos puntos deberán presentar constancia para obtener el paso entre países.
“Hemos pasado nueve meses por una situación en la cual el país tenía una situación controlada. Cuando intervengamos vamos a tener en cuenta que sea una situación de notorio riego para la población”, consideró Jorge Larrañaga, quien anunció que también reforzarán la línea donde reciben denuncias “para prevenir, disuadir y terminar con las aglomeraciones en un proceso gradual que no generen las dificultades de una intervención más directa de la Policía”. “Si tenemos que hacerlo, lo vamos a hacer. El elemento central es la salud y la vida de la gente”, remarcó el ministro uruguayo.
En caso de desobediencia, el ministro del Interior anunció que se dispondrán multas que podrán ir desde las 30 a las 1.000 UR (desde 1000 hasta 30 mil dólares) y que incluso podrá intervenir la Fiscalía bajo la figura de “desacato”.