El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció ayer reglas que permitirán denegar el permiso de residencia a muchos inmigrantes legales que reciben ayuda del Estado para remedios, vivienda o alimentos, en una medida que según los críticos priva de sus derechos a los más vulnerables en favor de los más pudientes.
Las leyes federales del país ya obligan a aquellos que quieren ser residentes permanentes y acceder a la condición legal, a probar que no se convertirán en una "carga pública" para el Estado, pero la nueva normativa amplía el número de programas de asistencia para descalificarlos.
La medida es parte de una gran reforma del sistema nacional de inmigración que el gobierno del republicano Trump impulsa desde hace tiempo. Mientras que hasta ahora el foco de la atención estaba en los esfuerzos para combatir la inmigración ilegal, los cambios anunciados apuntan contra aquellas personas que entraron en EEUU de manera legal -para trabajar o estudiar, por ejemplo- y que buscan la residencia permanente.
Funcionarios han dicho que los cambios se inscriben en el marco de una intención más general de virar hacia un sistema inmigratorio basado en las calificaciones de los inmigrantes más bien que en los vínculos familiares que puedan tener con estadounidenses u otros extranjeros que ya residen en el país de manera legal.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) ahora sopesará no sólo la cuestión de la asistencia pública sino también otras como la educación, el nivel de ingreso y la salud para determinar si concede el estatus legal. Las reglas comenzarán a regir a mediados de octubre. No aplican a los ciudadanos estadounidenses, incluso si el ciudadano estadounidense tiene parentesco con un inmigrante que sí esté sujeto a ellas.
El director en funciones del Uscis, Ken Cuccinelli, dijo que la nueva normativa se corresponde con el mensaje de Trump. "Queremos ver que la gente que venga a este país sea autosuficiente", señaló Cuccinelli en la Casa Blanca, citado por CNN.
Grupos defensores de los inmigrantes criticaron fuertemente los cambios, por considerar que discriminarán a los inmigrantes de los países más pobres, mantendrán a las familias separadas y alentarán a los residentes legales a renunciar a ayuda pública que probablemente necesiten para subsistir. La asociación Centro Ley de Inmigración Nacional, de Los Ángeles, presentará una demanda legal contra la nueva regulación.
Fue anunciada ayer y apunta a denegar la residencia legal a quienes requieren mucha ayuda estatal.
Green card
544 mil personas solicitan por año la "tarjeta verde" (green card), documento de identidad para residentes permanentes en los EEUU que no posean la nacionalidad estadounidense.
Posibles excluidos
382 mil casos de todos los que solicitan al año la green card caen en categorías que los dejan sujetos a la aplicación de las nuevas modificaciones, según el gobierno.
Categorización
12 meses, en un periodo de 36 meses en total, es el mínimo que se considera de plazo de ayuda estatal para calificar a un inmigrante beneficiario como generador de carga pública.