Los chilenos votan hoy en un plebiscito si escriben o no una nueva Constitución que reemplace al texto vigente originado durante la dictadura de Augusto Pinochet, en momentos en que hay una gran presión social tras una ola de protestas que comenzó a fines del año pasado.
Las bajas pensiones, las deficiencias de la salud y la educación pública y la desigualdad provocaron el año pasado un "estallido social", que fue canalizado hacia un referendo constitucional a través de un amplio acuerdo político promovido por el gobierno de centroderecha del presidente Sebastián Piñera.
El referendo tiene un fuerte componente simbólico pues es visto como un cierre definitivo a la Constitución de 1980, redactada a puertas cerradas durante el régimen de Pinochet.
Aquel texto constitucional instauró un modelo de libre mercado, con un Estado subsidiario, "que ha dejado en gran desprotección a la ciudadanía", señaló Claudia Heiss. La jefa de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile añadió que "se ha generado una segmentación en la provisión de servicios sociales, con servicios para ricos y servicios para pobres".
Chile tiene dos sistemas de salud: uno privado, al que acceden poco menos del 20% de los chilenos, y otro público y deficitario. El modelo se repite en la educación: hay escuelas particulares, públicas y otras a las que accede la endeudada clase media.
Las jubilaciones repiten el patrón: los que tienen más ingresos acceden a buenas pensiones y las jubilaciones de los más pobres bordean los 205 dólares, monto lejano del salario mínimo de 398 dólares.
La Constitución vigente también establece súper mayorías que hacen muy difícil reformar sus leyes más importantes al exigir quórum de 2/3 y 3/5 (un 66% y un 60% de los votos en el Congreso) para aprobar cambios, porcentajes que no tienen ni el oficialismo ni la oposición.
La Carta Magna de los ochenta también estableció la propiedad privada sobre el derecho de las aguas y un intento reciente por convertirla en un bien nacional de uso público fracasó porque la oposición no logró los 2/3 de los votos.
"La etiqueta mayor que yo pondría al proceso chileno sería la opción de cambiar las reglas del juego sobre la distribución del poder y los bienes públicos valiosos para toda la sociedad. No sólo los derechos civiles, también los sociales, como agua, vivienda, educación", describe Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.
Claudia Heiss explica que la actual Constitución no garantiza educación o salud, sino "que privilegia la libertad de aquellos que pueden pagarlos".
Los sectores sociales que han salido a manifestarse en las calles exigen que una nueva Carta Magna debe incluir programas sociales para combatir la desigualdad.
Este texto de los ochenta se redactó a la medida de los sectores más conservadores para que permanecieran en el poder, incluso después del fin de la dictadura. Incluía quorum muy alto para cualquier cambio sustancial.
Según encuestas, la opción para aprobar la elaboración de una nueva Constitución suma 69%.
Se calcula que a las 21 (hora argentina) se conocerán los primeros resultados del plebiscito vinculante y no obligatorio.