El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, dio ayer un ultimátum al líder secesionista catalán Carles Puigdemont para que aclare en cinco días como máximo si declaró la independencia de Cataluña, antes de avanzar en la aplicación de medidas extraordinarias contempladas en el artículo 155 de la Constitución, que llevarían a una inédita intervención del autogobierno regional.
En su requerimiento, el gobierno español da hasta el 16 de octubre a las 10 de la mañana para que Puigdemont confirme si alguna autoridad o él mismo en el Parlamento regional declaró la independencia de forma unilateral, más allá de que la medida haya quedado suspendida, y fija un segundo plazo, hasta el jueves 19 de octubre, para que, en caso afirmativo, rectifique y evite la actuación del Estado.
De esta forma, se abre un paréntesis que contribuye a rebajar la tensión sin que ni el gobierno de Cataluña ni el gobierno de España hayan retrocedido en sus planteamientos de máxima.
El artículo 155 de la Constitución dice que si una región actúa gravemente contra el interés general de España, el Gobierno puede adoptar medidas "para su cumplimiento forzoso".