Como había anticipado en Twitter, Donald Trump firmó una orden ejecutiva -un decreto- para que las redes sociales se hagan responsables de la publicación de los contenidos. El mandatario además instruyó al fiscal general William Barr para que trabaje con los estados para hacer cumplir las leyes contra lo que describió como prácticas comerciales engañosas de tecnológicas como Twitter o Facebook.
En diálogo con periodistas en la Casa Blanca, explicó que el decreto contra las compañías eliminaría el blindaje de responsabilidad que tienen actualmente y las censuró por su presunta parcialidad editorial. La orden ejecutiva impugna las protecciones de responsabilidad que sirvieron como base para los discursos sin limitaciones a través de Internet.
"Estamos hartos”, dijo Trump, que también aseguró que el decreto defiende la libertad de expresión.
Esto sucede poco después de que Twitter colocara advertencias de contenido, por considerarlos engañosos, a dos de sus tuits. Algunos analistas creen que la movida de Trump es una táctica política y no cambiará las obligaciones legales de compañías como Twitter y Facebook.
Un borrador del decreto, al que tuvo acceso Reuters, le ordena a las agencias federales que aclaren el alcance de una ley conocida como Sección 230, que protege a las compañías de Internet de la responsabilidad por el contenido ilegal publicado por los usuarios y les permite eliminar los mensajes legales pero inaceptables.
Juristas dijeron que no está claro si la Comisión Federal de Comunicaciones aceptaría la opinión de Trump sobre el artículo 230 establecido en el proyecto de decreto. Incluso si lo hace, las regulaciones de la agencia no tendrán ningún efecto legal vinculante para los jueces, que son los que realmente tienen algo que decir sobre la ley.
La sección 230 contiene una disposición que permite a las plataformas en línea como Twitter y Facebook retirar o restringir el acceso al material que determinen "de buena fe" que sea lascivo, excesivamente violento, acosador o de alguna otra manera censurable.
El decreto ordena al Departamento de Comercio que pida a la Comisión Federal de Comunicaciones que aclare la ley.