Sudáfrica, el país de África más afectado por la pandemia de coronavirus, vería el fin de su cuarentena impuesta para frenar el avance de la enfermedad, luego de que un tribunal declarara hoy la inconstitucionalidad de las medidas restrictivas, al considerar que muchas normas no obedecen a principios de "racionalidad".
La sentencia fue emitida por el juez Norman Davis, del Tribunal Superior de Pretoria, en respuesta a una demanda encabezada por el grupo Liberty Fighters Network (Red de Luchadores por la Libertad), la Fundación Bona Renaissance y el abogado Reyno de Beer.
En su veredicto, el juez expone que, en "un número significativo", las restricciones "no están racionalmente conectadas con los objetivos de ralentizar la tasa de infecciones o limitar su propagación". De todas formas, estableció que las medidas se mantendrán durante los próximos catorce días laborables, plazo que le dio al Gobierno sudafricano para rectificar.
La sentencia afecta a las normas de las fases 3 y 4 de desconfinamiento dentro del plan oficial de desescalada establecido por Sudáfrica, donde la fase 5 es el máximo grado de paralización del país (confinamiento general con solo servicios esenciales) y la fase 1 la más cercana a la recuperación de la vida normal. Sin embargo, las etapas actuales son aún muy restrictivas en asuntos como los encuentros sociales y familiares (prohibidos totalmente), los desplazamientos o la venta de alcohol y tabaco (prohibido o muy restringido).
Crítico con el papel del Ejecutivo encabezado por el presidente Cyril Ramaphosa, Davis consideró que el gobierno sudafricano no ha expuesto argumentos que justifiquen verdaderamente las limitaciones de los derechos fundamentales de los ciudadanos y apunta que, si se analizan muchas de las normas, no pasan un simple "test de racionalidad".
Entre sus ejemplos señala la poca lógica que tiene, en su opinión, que una persona con un familiar que sufre una enfermedad terminal -en referencia a casos como pacientes de cáncer- no pueda visitarle en la recta final de su vida, pero sí que hasta 50 personas puedan acudir a su funeral si fallece, según la normativa actual. "Para expresarlo sin rodeos, difícilmente se puede argumentar que es racional permitir a montones de personas correr en un paseo, pero que el poner un pie en la playa (aún cerradas) lleva a una escalada de infecciones", argumenta el juez Davis.
También ve difícil de justificar las restricciones sobre negocios como las peluquerías, cerradas desde finales de marzo por considerarse un servicio de riesgo (limitando, por tanto, el modo de subsistencia de muchos sudafricanos), si se tiene en cuenta que en el transporte público los viajeros van con similares o menores medidas de distancia física.
Por el momento, el Ejecutivo de Ramaphosa se ha limitado a emitir un escueto comunicado indicando que "toma nota" del veredicto, pero que se reserva dar una contestación hasta que haya podido estudiar en detalle la sentencia. La sentencia, además, puede ser apelada ante tribunales sudafricanos de mayor rango.
Actualmente, Sudáfrica cuenta con 35.812 casos y algo más de 700 muertes provocadas por la COVID-19.