El Tribunal Supremo español escucha este miércoles los argumentos de las acusaciones en la segunda jornada del juicio contra los dirigentes independentistas catalanes, después de que la primera jornada sea dedicada para el turno de las defensas.
El juicio, presidido por el magistrado Manuel Marchena, reúne a los 12 acusados, sus defensas y a las tres acusaciones (la Fiscalía, Abogacía del Estado y acusación popular que representa el partido de ultraderecha Vox) para proseguir la vista oral.
En su alegato inicial, el fiscal Javier Zaragoza afirmó que "nadie es o ha sido perseguido por sus ideas, sino por sus acciones" y consideró que el objeto de este juicio "no es el independentismo" sino "los gravísimos hechos" que tuvieron lugar en septiembre y octubre de 2017, cuando el Gobierno regional catalán organizó un referéndum ilegal y luego proclamó la independencia.
Las palabras del fiscal llegaron después de que algunos abogados de las defensas plantearon ayer que el juicio tiene un carácter "político" contra el independentismo y que se está produciendo una vulneración de los derechos fundamentales de los acusados.
Una vez que la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular de Vox se pronuncien sobre las cuestiones previas planteadas por las defensas, el tribunal decidirá cómo las resuelve: si sobre la marcha, si espera a la sentencia o si detiene el juicio para analizarlas.
Si la vista continúa, comenzará el turno de las declaraciones de los acusados y el primero de ellos será el ex vicepresidente del Gobierno regional catalán Oriol Junqueras, el cargo más destacado de los que se sientan en el banquillo.
Junqueras era el número dos del Ejecutivo de Carles Puigdemont, bajo cuyo mandato se celebró el referéndum de independencia de Cataluña el 1 de octubre de 2017 -declarado ilegal por el Tribunal Constitucional- y posteriormente auspició la declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlamento catalán el 27 de octubre del mismo año.
Por ello, la Fiscalía lo acusa de rebelión y malversación de fondos públicos y pide para él una pena de 25 años de cárcel, igual que Vox, aunque la abogacía del Estado lo acusa de sedición y malversación y reduce la petición de pena a 12 años.
El martes, en el primer día de un juicio sin precedentes en España, la mayoría de las defensas, sobre todo la de Junqueras, denunció lo que consideró falta de garantías jurídicas y el carácter político del proceso, al afirmar que se juzga al independentismo.