El debate sobre el aborto terapéutico se ha reabierto con fuerza en Chile -donde esa práctica está prohibida desde 1989- con la presentación de dos proyectos de ley que buscan su despenalización y el testimonio de mujeres que fueron obligadas a llevar adelante embarazos inviables.
En su primera intervención en la controversia, el presidente chileno, Sebastián Piñera, dijo semanas atrás que hay que defender "el valor de la vida, especialmente del que está por nacer". La cara más visible de un problema que afecta a miles de mujeres, es desde hace días Mónica Pérez, una conocida periodista de televisión que ha relatado cómo durante semanas mantuvo en su vientre a una niña que no tenía posibilidades de vivir.
Pero también han hablado mujeres no conocidas como Claudia Pizarro, una joven que a las once semanas de embarazo supo que la hija que espera tiene anencefalia (ausencia parcial o total del cerebro y el cráneo) y no podrá sobrevivir al parto.
La imposibilidad de someterse a un aborto terapéutico no sólo le ha obligado a mantener a ese bebé en sus entrañas, sino que también le ha impedido tratarse el cáncer de cuello de útero que padece y del que fue informada el mismo día en que se enteró de su gravidez.
"Yo no estoy pidiendo que a mi hija la maten. Mi hija va a morir cuando nazca. Yo estoy pidiendo por mi vida, por haber podido hacerme un tratamiento lo antes posible", declaró esta mujer, que tiene más de ocho meses de gestación y un hijo de once años.
El aborto terapéutico, que se practica por razones médicas o cuando está en peligro la vida de la mujer, estuvo permitido en Chile de 1931 a 1989, año este último en el que la dictadura de Augusto Pinochet decidió penalizar la interrupción del embarazo en todas sus formas.
Desde entonces, este asunto ha dividido transversalmente a la sociedad y a la clase política chilena, que ha alzado banderas a favor y en contra tanto desde las tribunas de la Concertación de centroizquierda como desde la conservadora Coalición por el Cambio.
A pesar de la prohibición, los abortos informados en el país llegan a unos 40.000 anuales, pero expertos en materia reproductiva calculan que cada año se producen otros 160.000 de forma clandestina.
Chile es junto a otros como Nicaragua, El Salvador, Malta y el Vaticano uno de los pocos Estados del mundo que prohíbe el aborto terapéutico. Su despenalización estuvo en varias ocasiones en la agenda legislativa durante los gobiernos de la Concertación (1990-2010), y este mes volvió a la palestra con dos nuevas iniciativas parlamentarias.
El pasado 15 de diciembre, Evelyn Matthei, una senadora de derecha, y Fulvio Rossi, un senador socialista, presentaron un proyecto para permitir el aborto cuando esté en riesgo la vida de la madre o el embarazo sea inviable.
La postura de Matthei, de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), causó molestia tanto en su partido como en Renovación Nacional (RN), el otro integrante de la Coalición por el Cambio. A su vez, un grupo de senadores del opositor Partido por la Democracia presentó otra iniciativa para legalizar la interrupción del embarazo no sólo por malformaciones congénitas severas y riesgo vital para la madre, sino también en casos de violación.
"Llamo a los parlamentarios a que se pongan la mano en el corazón y sepan lo terrible que es esperar todo un embarazo para después enterrar a la guagüita (bebé)", dice Claudia Pizarro, que ya tiene preparado el nicho para dar sepultura a su hija cuando dé a luz.
Uno de los parlamentarios que más fervientemente se han opuesto al aborto terapéutico pasó también por esa experiencia.
Hace cuatro años, la esposa del diputado de la UDI Gustavo Hasbún quedó embarazada y a los tres meses supo que el feto era inviable. "Uno lo primero que piensa es cómo sanar a su hijo, utilizar todos los recursos para salvarlo, no para matarlo", dijo Hasbún.