La Corte Suprema de Uruguay declaró ayer inconstitucional la Ley de Caducidad que libró de ser juzgados a los militares acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).
Esta decisión de la máxima instancia judicial uruguaya se produce apenas seis días antes del plebiscito en el que la ciudadanía decidirá, en coincidencia con las elecciones presidenciales, la anulación o no de dicha norma.
Cuatro de los cinco jueces de la Corte Suprema votaron a favor de la inconstitucionalidad, para permitir el juicio por la muerte de la joven profesora Nibia Sabalsagaray, quien falleció en 1974 en un cuartel militar.
Los magistrados justificaron la medida al argumentar que la norma viola la separación de poderes y que no puede ser entendida como una ley de amnistía, porque no fue aprobada según lo regulado por la Constitución.
Esta decisión, que fue adoptada a primeras horas de la tarde de ayer, era esperada por todos los implicados, después de que tanto el Poder Ejecutivo uruguayo como el Legislativo expresaran su opinión contraria a la Ley de Caducidad.
El pasado febrero, las dos cámaras del Parlamento uruguayo entregaron a la Suprema Corte de Justicia su dictamen a favor de declarar inconstitucional esa Ley.