El gobierno de Cataluña informó que 761 personas resultaron heridas en los disturbios registrados en el contexto del referendo de secesión de esa región, que se realizó pese a haber sido prohibido por la justicia de España, y que dejó también al menos seis detenidos.
El vocero del gobierno catalán, Jordi Turull, atribuyó los heridos a "la violencia policial del Estado" español y aconsejó a las víctimas que acudieran a hospitales para obtener certificados con los que pudieran formular denuncias ante los Mossos d’Esquadra (policía catalana).
En tanto, el Ministerio del Interior español reportó que 19 policías y 14 guardias civiles fueron heridos al intervenir para retirar urnas e impedir la celebración del referendo, y que seis personas -una de ellas, menor de edad- fueron detenidas por la Policía Nacional y la Guardia Civil por "resistencia, desobediencia y atentado a los agentes de seguridad".
Las cargas policiales y otros incidentes provocaron heridos de diversa consideración, uno de ellos por un balazo de goma en un ojo en las puertas de uno de los centros de votación de Barcelona, quien se encuentra internado en grave estado en el hospital Sant Pau de la ciudad.
El otro herido grave, ingresado en el hospital Vall d’Hebrón de Barcelona, es un hombre de unos 70 años que ha sufrido un paro cardiorrespiratorio cuando la policía ha desalojado un colegio electoral en la ciudad catalana de Lérida, según consigna la agencia EFE.
Al respecto, y desde la vereda de enfrente, la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, sostuvo que "no ha habido referéndum, ni apariencia de tal. Nunca tuvo sentido discurrir por esta senda de irracionalidad, ni tiene sentido que continúe", quien defendió la actuación "proporcional" de la policía. "Le pido al la Generalitat (gobierno catalán) y a los partidos que la acompañan que cesen ya esta irresponsabilidad, que asuman que lo que nunca fue legal es claramente irrealizable", añadió.