Después de 36 años del crimen y tras ocho de proceso, la Justicia chilena cerró ayer con nueve condenas el juicio por el asesinato del ex jefe del Ejército Carlos Prats, uno de los casos más emblemáticos de violación a los derechos humanos cometidos por la dictadura de Augusto Pinochet.
La Corte Suprema, en un fallo definitivo, rebajó las penas a los jerarcas de la DINA, la policía secreta del régimen pinochetista (1973-1990), por el asesinato de Prats y su esposa, Sofía Cuthber, ocurrido en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974. El fallo, sin embargo, sienta jurisprudencia al establecer por primera vez que la DINA se constituyó como una asociación ilícita.
El asesinato de Prats, que fue ex comandante en jefe del Ejército durante el Gobierno de Salvador Allende (1970-1973) y antecesor en ese cargo de Augusto Pinochet, fue el primero de varios atentados cometidos en el exterior por agentes de la DINA. Tras conocer la sentencia, la familia de las víctimas se mostró conforme con las penas, mientras el Ejército repudió a los siete militares que fueron condenados por el asesinato de Prats, que se opuso al golpe que encabezó Pinochet en 1973.
El fallo condenó a 17 años por homicidio calificado, más otros tres años y un día por asociación ilícita, a los dos máximos responsables del órgano represor, el general retirado Manuel Contreras y el ex brigadier Pedro Espinoza. Ambos habían sido condenados, en un fallo de primera instancia que después fue ratificado por la Corte de Apelaciones de Santiago, a dos cadenas perpetuas, por los homicidios más otros 20 años por asociación ilícita.
También fueron condenados otros cuatro oficiales: el general retirado Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, el ex brigadier José Zara y los coroneles Cristoph Willeke y Juan Morales Salgado, todos ellos a quince años y un día de prisión en calidad de autores, además de cien días por asociación ilícita. Los seis se encuentran ya en prisión por otras condenas vinculadas a la violación de derechos humanos durante la dictadura.
En tanto, la escritora Mariana Callejas, que según el expediente fue quien activó el control remoto que hizo explotar la bomba mortal instalada en el automóvil de Prats, deberá cumplir cinco años de prisión con beneficios, es decir, en libertad vigilada.
Por su parte, el civil Jorge Iturriaga Neumann, hermano de Raúl, y el ex suboficial Reginaldo Valdés Alarcón deberán cumplir en libertad vigilada una condena de cinco años de prisión y penas de 541 días de presidio menor, respectivamente, como cómplices. "Queda claro que hubo una asociación ilícita para asesinar a Prats porque según la DINA constituía el principal enemigo de la dictadura", dijo la senadora Isabel Allende, hija del ex presidente derrocado.