La Duma o Cámara de Diputados de Rusia aprobó ayer un proyecto de ley controvertido que amplía considerablemente las competencias del Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB) y que, según defensores de los derechos humanos, legaliza la arbitrariedad de los servicios secretos.
El proyecto, que todavía deberá pasar por la cámara alta, confiere al FSB potestades preventivas y la posibilidad de actuar contra ciudadanos aun sin tener pruebas de que hayan incurrido en un delito. Concretamente, permite que el director del FSB o su adjunto puedan amonestar a un ciudadano, aun sin haber cometido un delito, "por acciones inadmisibles que creen condiciones para la comisión de un delito".
Además, incorpora sanciones administrativas por incumplimiento de órdenes legítimas de los miembros del FSB y por entorpecer la labor de éstos. Los ciudadanos podrán ser castigados con multas que van de los 500 a los 1.000 rublos (unos 16 y 32 dólares) y con hasta 15 días de arresto.
El proyecto aún debe ser aprobado por el Consejo de la Federación -la Cámara Alta del Parlamento- lo que se da por descontado debido a que el texto fue presentado a iniciativa del presidente ruso, Dmitri Medvédev, y las formaciones oficialistas tienen amplia mayoría en el Parlamento.
A favor del proyecto, que se votó en la última sesión plenaria de la Duma antes de sus vacaciones de verano, se pronunciaron 354 diputados, mientras que los restantes 96 diputados de la cámara se pronunciaron en contra. Activistas rusos pro derechos humanos enviaron ayer una carta al presidente para pedirle que no promulgue la ley. También llamaron al Consejo de la Federación, que el próximo lunes debe pronunciarse al respecto.