Las protestas contra el nuevo gobierno y el Congreso de Perú se multiplicaron ayer en el interior el país, donde rutas y aeropuertos fueron bloqueados, volvieron a chocar manifestantes y policías, y organizaciones sociales de una región llamaron a una huelga por tiempo indefinido a partir de hoy, informó la prensa local.
Las manifestaciones se produjeron en varias ciudades del norte y el sur andino, por cuarto día consecutivo, en demanda de la liberación del expresidente Pedro Castillo, destituido el miércoles por el Congreso y desde entonces detenido en una unidad de la Policía Nacional, en Lima. Miles de personas se movilizaron por calles de Cajamarca, Arequipa, Tacna, Andahuaylas, Huancayo, Cusco y Puno, entre otras regiones, según imágenes difundidas por televisoras locales, reportó la agencia de noticias AFP.
En Andahuaylas, donde las protestas dejaron el sábado 16 civiles y cuatro policías heridos, se reanudaron los enfrentamientos entre manifestantes y uniformados. Los primeros atacaban con hondas y piedras, y las fuerzas del orden repelían con gases lacrimógenos.
En esa ciudad del departamento Apurímac, situada a unos 760 kilómetros al sudeste de Lima, permanecía cerrado el aeropuerto debido a diversos daños causados desde el sábado por manifestantes, quienes aún mantenían como rehenes a un número no precisado de trabajadores y policías, informó la empresa operadora Corpac.
Asimismo, un grupo de organizaciones sociales de Apurímac se declaró en "insurgencia popular" y llamó a un paro por tiempo indefinido a partir de mañana en esa región. De Apurímac es oriunda la flamante presidenta de la república, Dina Boluarte.
En ese contexto, el gobierno regional declaró ayer en la tarde en alerta amarilla al sector de salud, para garantizar la atención permanente, y suspendió "hasta nuevo aviso" las clases y demás actividades educativas. También quedó suspendida la atención al público en todas las oficinas institucionales, cuyo personal deberá trabajar de manera remota. Paralelamente, dos de las mayores empresas de viajes interurbanos en ómnibus anunciaron la suspensión de sus rutas desde Lima y Arequipa -la segunda ciudad del país, a unos 1.010 Km al sudeste de la capital- hacia el sur de país, incluido el centro turístico de Cusco.
Mientras, el Congreso se disponía a sesionar en las próximas horas para examinar la marcha de las "diligencias preliminares" de la investigación fiscal sobre Castillo y quienes hasta el miércoles fueran su jefa de gabinete, Betssy Chávez, y su ministro del Interior, Willy Huerta.
El Ministerio Público los indaga por los posibles delitos de rebelión y conspiración en relación con el mensaje de Castillo en el que anunció el cierre del parlamento y el establecimiento de un gobierno excepcional con suspensión de garantías constitucionales y toque de queda. Por esa decisión, que fue considerada como un "golpe de estado" y para la que Castillo no tuvo apoyo ni de su partido ni de su gabinete ni de las fuerzas armadas y de seguridad, el Congreso destituyó inmediatamente al hoy exmandatario y tomó juramento a su sucesora natural, la hasta allí vicepresidenta Boluarte.
Castillo, un maestro rural de 53 años que llegó al gobierno en julio de 2021, fue detenido mientras se dirigía a la embajada de México a solicitar asilo y fue puesto en prisión preventiva por siete días. De ser hallado culpable de rebelión, enfrentaría entre 10 y 20 años de cárcel.
Amenaza con frenar actividad en 2 minas
Los simpatizantes del expresidente peruano Pedro Castillo amenazaron ayer con paralizar las minas de cobre de Las Bambas y Antapaccay si no se disuelve el Congreso y son convocadas inmediatamente elecciones para elegir a un nuevo mandatario ante su rechazo a la nueva mandataria, Dina Boluarte.
El presidente de las comunidades campesinas del distrito de Haquira, Valentín Roque, informó al diario "La Republica" que tienen el objetivo de "bloquear el paso a la minera Las Bambas en protesta por la vacancia de Pedro Castillo". "Marcharemos hasta Las Bambas, porque estamos en contra del Congreso, porque ellos no nos representan y tampoco la señora Boluarte", ha añadido. Sindicatos y organizaciones sociales en Arequipa, la segunda ciudad más poblada del país, han anunciado que las protestas continuarán.