Acorralado por el Congreso de Ecuador, el presidente Guillermo Lasso recurrió ayer a la ‘muerte cruzada’, disolviendo el Poder Legislativo, lo cual implica la celebración de elecciones generales anticipadas. De esa manera, Lasso eludió ser destituido por la oposición en un juicio político.
Con la ‘muerte cruzada’, Lasso puede gobernar por decretos-leyes de urgencia económica mientras se realizan elecciones para presidente y legisladores.
El impopular mandatario, acusado por los congresistas de izquierda de presunta corrupción en contratos de transporte de petróleo, ordenó ‘disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna’, según el documento de presidencia.
En medio del alza de la violencia ligada al narcotráfico y del descontento por el costo de vida, la decisión puede implicar el fin del gobierno derechista y también una oportunidad para que la izquierda recupere fuerzas. El líder de la oposición es el exmandatario Rafael Correa, prófugo en Europa y condenado en ausencia a ocho años de cárcel por corrupción.
La Constitución establece que en un plazo máximo de siete días se convocará a elecciones legislativas y presidenciales para completar el actual mandato de cuatro años, que comenzó en mayo de 2021.
‘Es una decisión democrática’, expresó Lasso en un mensaje por radio y televisión. La Constitución le permite postularse en los nuevos comicios.
Lasso disolvió la Asamblea un día después de presentar su defensa en un juicio político en su contra. Lasso está acusado de responsabilidad política por un presunto peculado relacionado con un contrato de transporte de petróleo entre la empresa pública Flopec y una compañía del sector privado.
La oposición argumenta que Lasso permitió que el contrato continuara a pesar de que beneficiaba a terceros a expensas del Estado. La Asamblea inició el martes una audiencia de juicio político contra Lasso, luego de una votación el 9 de mayo para avanzar con el caso.
La ‘muerte cruzada’, amparada por la Constitución ecuatoriana, permite que los poderes tengan la potestad de disolverse mutuamente por una sola vez en los primeros tres años de gestión presidencial. Este recurso no había sido utilizado hasta ahora.