El presidente Donald Trump acusó ayer a las cúpulas del FBI y del Departamento de Justicia de manipular información para justificar la vigilancia a uno de sus asesores y poco después el Congreso hizo público un informe interno que dice desnudar mentiras y excesos de la investigación oficial.
“Los máximos líderes e investigadores del FBI y del Departamento de Justicia politizaron el sagrado proceso de investigación en favor de los demócratas y en contra de los republicanos, algo que hubiese sido impensable hasta hace poco”, tuiteó ayer Trump.
Más tarde, el mandatario le dijo a periodistas en la Casa Blanca que había desclasificado el informe interno del Congreso porque “es una desgracia lo que pasó en nuestro país”. El documento desclasificado es el famoso documento secreto que redactó el equipo del congresista republicano Devin Nunes, un aliado de la Casa Blanca que preside la comisión de Inteligencia de la Cámara baja. Tanto esa comisión como la de Inteligencia del Senado investigan hace meses la posibilidad de que la dirección de la campaña electoral de Trump se complotó con el gobierno ruso de Vladimir Putin para boicotear a la entonces candidata demócrata, Hillary Clinton.
Pero fue la investigación paralela del FBI la que logró demostrar varios encuentros secretos entre importantes miembros de la campaña de Trump y funcionarios enviados del Kremlin. Dos de estos exasesores ya fueron imputados y hasta acordaron cooperar con la Justicia.
Sin embargo, en medio de la laberíntica investigación se conoció que una de las autorizaciones para espiar a una de las personas cercanas a Trump se hizo en base a un informe que contenía información falsa y que, al menos en parte, había sido financiado por el Partido Demócrata. El informe desclasificado sostiene que, en la primera mitad de 2017, el FBI habría aportado datos sesgados al juez que autorizó la extensión de las escuchas y vigilancia sobre Carter Page, uno de los asesores de política exterior de la campaña de Trump sindicado por la investigación de la agencia de seguridad como un posible agente ruso. Las pruebas para esa autorización judicial se basaron en un informe elaborado por la consultora de investigación e inteligencia, Fusion GPS, y especialmente por el ex espía británico Christopher Steele. Este trabajo había sido financiado en parte por la cúpula del Partido Demócrata y por la campaña electoral de Clinton. Télam