La estadounidense Pfizer, la farmacéutica más grande del mundo, acordó pagar 2.300 millones de dólares en una multa administrativa y penal en relación con la promoción ilegal de medicamentos bajo condiciones que no habían sido aprobadas por autoridades sanitarias, informó ayer el Departamento de Justicia norteamericano.
El departamento indicó que la multa de 2.300 millones de dólares incluye 1.200 por una acción delictiva, la mayor multa penal en la historia de EEUU.
Según el pacto, una filial de Pfizer, Pharmacia & Upjohn Company, se declarará culpable del delito grave de violar una ley federal respecto a la promoción del fármaco "Bextra", un antiinflamatorio que Pfizer retiró del mercado en 2005.
La ley federal que rige sobre los alimentos, fármacos y cosméticos, exige que las empresas expliquen con detalle el propósito de un producto a la hora de solicitar la autorización de la Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) para su comercialización.
Una vez que la FDA le da el visto bueno a un producto, la firma no puede promover o vender el fármaco para un propósito distinto al que incluyó en su solicitud y para el que fue aprobado. Pero, según las autoridades, Pfizer promovió la venta de "Bextra" para otros usos y en otras dosis, por lo que la FDA denegó el permiso debido a preocupaciones en torno a su seguridad, dijo el Departamento de Justicia.
El acuerdo fue revelado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Departamento de Salud y Servicios Humanos e incluye 1200 millones de dólares por una acción delictiva, la mayor multa penal en la historia del país. Esa sanción castiga los métodos de venta de Bextra, un medicamento para la artritis que fue retirado del mercado en el 2005 por preocupaciones sobre su seguridad.
A ello se suma confiscación de beneficios de 105 millones de dólares.
El trato también incluye pagos civiles por 1.000 millones de dólares por la promoción ilegal de "Bextra", el antipsicótico "Geodon" y el antibiótico "Zyvox" y "Lyrica".
El Departamento de Justicia alega que con esa promoción ilegal, Pfizer hizo que se sometiesen reclamos a diversos programas de salud gubernamentales por fármacos que fueron destinados a usos distintos a aquel para el que recibieron permiso del Gobierno.
El acuerdo también pone fin a las acusaciones de que Pfizer sobornó a proveedores de salud para que emitieran recetas médicas de esos y otros fármacos.
Además, la empresa se comprometió a trabajar con el Departamento de Salud estadounidense para poner en marcha medidas y procedimientos que eviten una repetición de estas irregularidades en el futuro.
El uso de drogas en casos llamados "fuera de la posología" a fin de tratar otras condiciones médicas no es inusual, pero los fabricantes de fármacos tienen prohibido hacer mercadeo de esas drogas en tratamientos que no han sido específicamente aprobados con tal fin por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA).