El Gobierno de Perú pedirá al Congreso la derogatoria de los decretos 1090 y 1064 que regulan el uso y explotación de los recursos hídricos y naturales de la selva. Dicha legislación días atrás fue motivo de disturbios entre manifestantes indígenas y fuerzas de seguridad, llegándose a un saldo de 34 muertos entre civiles e indígenas, en Bagua (norte selvático del país). La semana pasada, el Congreso suspendió la vigencia de ambos decretos pero los movimientos indígenas consideraron insuficientes, por lo que pidieron la derogación definitiva. Sucede que en la regulación se incluyen los recursos gasísticos, petroleros y madereros, que según los indígenas perjudican a sus comunidades. Además reclaman porque no se respetan los mecanismos de consulta legales.

La posibilidad de impulsar la derogación de los decretos había sido adelantada por el presidente Alan García, quien se declaró dispuesto a ceder a los reclamos de los indígenas de la Amazonia para "comprar la paz" y dio a entender que su Gobierno podría contemplar esa marcha atrás: "No hay que forzar con velocidad las cosas cuando todavía no estamos preparados, y si algunos tienen temor, entonces se va más lento y se toman otras decisiones", expresó, en contraste con los discursos de días anteriores.

El acuerdo, expresado en un acta, fue el resultado de la primera jornada del diálogo entre los dos sectores, realizada en el departamento de Junín, provincia Chanchamayo con la presencia del presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, y 16 dirigentes indígenas.

"El Ejecutivo, para restablecer la paz en el país, ha cedido todo lo que se podía ceder; ha sido un enorme sacrificio", afirmó el ministro de Ambiente, Antonio Brack Egg, al anunciar el acuerdo.

Al llegar a Chanchamayo, Simon afirmó que pediría perdón por los disturbios ocurridos. "A veces no sabemos escuchar, pero esto lo tienen que investigar las autoridades", señaló el jefe de los ministros, quien admitió que es posible que presente la renuncia pero sólo cuando se haya resuelto el caso que enfrenta al gobierno con los aborígenes.

"Nunca alguien del gobierno me había llamado ‘hermana’", dijo luego sobre Simon la principal dirigente de los nativos en la zona, Lidia Rengifo, al comentar cómo transcurrió el diálogo.

Ahora corresponderá al Congreso votar esa derogatoria, y queda por ver la reacción de los grupos indígenas, que exigían además derogar ocho decretos más, aunque el 1090 y el 1064 eran los más polémicos de todos.

Mientras tanto, la provincia andina Andahuaylas se mantuvo ayer paralizada y aislada por cuarto día consecutivo con una movilización popular en apoyo a los indígenas de la Amazonia y en reclamo de una serie de cambios, incluida la renuncia del presidente García.