La sociedad civil española se movilizó ayer en un masivo acto en defensa al juez Baltasar Garzón y "contra la impunidad y el olvido" de los crímenes del franquismo, organizado por los sindicatos mayoritarios de España, y del que participaron las Abuelas de Plaza de Mayo.

Garzón, de 54 años, está imputado en tres causas en el Tribunal Supremo español, una de las cuales tiene su origen en la denuncia realizada por organizaciones ultraderechistas que lo acusan de "prevaricato" por haber investigado los crímenes de la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1975).

La querella contra Garzón fue presentada por las organizaciones ultraderechistas Manos Limpias, Libertad e Identidad y la Falange Española de los JONS, que acusaron al juez de prevaricato (emitir a sabiendas una resolución injusta) por actuar sin tener competencia para eso al investigar los crímenes del franquismo.

Los hechos por los que Garzón está encausado se remontan a 2008, cuando se declaró competente para juzgar las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, para lo que ordenó la apertura de algunas fosas donde se sospecha que pueden haber sido enterradas personas desaparecidas en esa época. El juez Luciano Varela lo acusa de haber ignorado la existencia de la Ley de Amnistía promulgada en España en 1977.

Garzón, quien adquirió prestigio internacional al pedir la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet (1998) y logró que se juzgara en España al represor argentino Adolfo Scilingo por crímenes de lesa humanidad, podría ser castigado con inhabilitación de 12 a 20 años si se lo condena por este delito.

En su defensa, los dos grandes sindicatos de España, Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC.OO) realizaron ayer un acto en la Universidad Complutense de Madrid, una semana después de que el juez del Tribunal Supremo Luciano Varela diera el paso definitivo para sentar a Garzón en la silla de los acusados.

La admisión de las querellas contra Garzón, por parte del Tribunal Supremo, "es una falta de respeto a las víctimas del franquismo y un instrumento para favorecer el fascismo español", aseguró el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, encargado de abril el acto.

Asimismo, Jiménez Villarejo acusó a los jueces que procesarán a Garzón de haber estado "en el TOP -Tribunal de Orden Público- del franquismo" y de haber sido "cómplices de torturas".

A su turno, el secretario general de CC.OO, Ignacio Fernández Toxo, dijo que "es una paradoja" que el primer juicio por los crímenes de la dictadura sea contra "Garzón, el juez que nos quitó la venda de los ojos".

El acto de apoyo a Garzón inauguró una serie de movilizaciones de apoyo al juez impulsadas por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y otras organizaciones, hasta el día 22. Ese día está previsto que se reúna el Consejo General del Poder Judicial para estudiar la suspensión del juez español.