La junta directiva del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela indicó ayer que no ha suprimido las funciones del Poder Legislativo, y que es solo responsabilidad del parlamento ‘reasumir‘ sus funciones acatando las decisiones del Poder Judicial.
‘Es solo responsabilidad del órgano legislativo reasumir el válido ejercicio legal de sus competencias
constitucionales al acatar las decisiones del Poder Judicial y someterse al estado de derecho‘, informó el Supremo a través de un comunicado.
El máximo tribunal sometió a revisión dos sentencias en las que limitaba la inmunidad parlamentaria y en las que asumía las funciones de la Cámara ante la persistencia del desacato del Legislativo en el acatamiento de varias sentencias del TSJ, luego de un exhorto del Consejo de Defensa de la Nación.
Frente al clima de tensión y las advertencias de Golpe de Estado en el país gobernado por Nicolás Maduro, la Organización de Estados Americanos (OEA) se prepara para declarar mañana que la decisión que en principio tomó el TSJ de asumir las facultades del parlamento es una ‘violación del orden constitucional‘. En la votación de mañana se mantiene abierta la posibilidad de aplicar la Carta Democrática Interamericana.
La resolución 1080, aprobada en 1991, habilitó por primera vez a la OEA a tomar las sanciones y las medidas que considerara ‘adecuadas‘ en caso de ruptura del orden constitucional o golpe de Estado.
La Carta es un instrumento jurídico que contempla desde las gestiones diplomáticas hasta suspenciones, con lo que ese país dejaría de participar en sus programas y actividades. Según el abogado Gabriel Gallo, la Carta Democrática significa libertad de presos políticos y elecciones en Venezuela. En Caracas, la policía militar reprimió con gases lacrimógenos a cientos de manifestantes opositores. Mientras que en Buenos Aires, los cancilleres de los estados miembros del Mercosur denunciaron la ‘intromisión sistemática‘ del TSJ venezolano en las competencias del parlamento.
En Ecuador
Ecuador celebrará hoy la segunda vuelta para elegir a su nuevo presidente entre el socialista Lenín Moreno, candidato del oficialismo, y el derechista Guillermo Lasso, postulado por una alianza opositora.