Las Fuerzas Armadas egipcias se encargarán a partir de ahora de conducir la transición del país hacia un nuevo régimen, sin la supervisión del vicepresidente Omar Suleimán, según expertos legales.

"El Ejército es quien ejerce la fuerza efectiva y ahora él (Omar Suleimán) es solo una voz, incluso si sigue siendo vicepresidente", dijo el vicepresidente del Tribunal de Casación egipcio, Ahmad Meki. Otros dos expertos políticos y activistas de derechos humanos comparten la opinión de Meki y consideran que el papel de las Fuerzas Armadas es entregar el poder a un gobierno civil tras un periodo transitorio que consideran se prolongará seis meses.

"Ya no hay ni Mubarak ni Suleimán", aseguró el director de la Red Árabe para la Información sobre los Derechos Humanos Gamal Eid, en referencia a que tras la renuncia del presidente Hosni Mubarak, la Vicepresidencia ha perdido su función.

Asimismo, Eid precisó que "el Ejército gobernará temporalmente y después habrá elecciones libres" a la presidencia y a las dos cámaras del Parlamento.

También se espera que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas anuncie su postura sobre la Constitución y si tiene intención de pedir la redacción de una nueva carta magna.

Por su parte, un dirigente del gobernante Partido Nacional Democrático (PND), que habló bajo condición de anonimato, coincidió con Eid en que en el momento en el que el presidente renunció a su cargo se puso fin al papel del vicepresidente.

"El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas es el que dirige el país y el que gobierna. Tiene que entregar el poder a un Gobierno nacional y preparar elecciones transparentes", agregó el responsable del PND.

El dirigente del PND apuntó que el pueblo no aceptaría otro régimen militar, en referencia a que los cuatro presientes egipcios que gobernaron Egipto tras el golpe de Estado militar de 1954 eran militares y ocupaban el cargo de jefes de las Fuerzas Armadas.

Meki también subrayó que "el papel del Ejército es reformar inmediatamente la Constitución y devolver el poder al pueblo a través de unas elecciones limpias, que sean supervisadas por los jueces". El magistrado, miembro del Consejo de Sabios que se nombró recientemente para supervisar la transición, consideró que seis meses es un periodo más que suficiente para realizar las reformas necesarias y celebrar elecciones.