El expresidente y líder opositor brasileño Luiz Inácio Lula da Silva quedó en el umbral de la detención y de la inhabilitación electoral, luego de que una cámara de apelaciones ratificara ayer, por unanimidad (3 a 0), su culpabilidad en el escándalo Lava Jato y le aumentara la pena hasta 12 años de prisión.
La decisión abre interrogantes a la serie de crisis que registra Brasil desde junio de 2013 y al propio proceso electoral de octubre, ante el cual el expresidente Lula se presenta como favorito en las encuestas.
Los camaristas Joao Gebran Neto, Leandro Paulsen y Victor Laus respaldaron fuertemente al juez Sérgio Moro y rechazaron todas las medidas presentadas por la defensa de Lula para anular la sentencia de 9 años y medio de prisión.
El tribunal, siguiendo al instructor Gebran Neto, aumentó la pena para Lula pero redujo a 3 años la del considerado corruptor, el empresario delator Leo Pinheiro, quien antes de declararse arrepentido había tenido una sentencia de 10 años.
Paulsen, presidente de la sala 8 del Tribunal Regional de Porto Alegre, consideró que Lula debe ser arrestado una vez presentados los embargos de declaración, una suerte de queja a la cual tiene derecho ante la misma corte. El juez entendió que corresponde la prisión para el expresidente en base a un fallo de 2016 del Supremo Tribunal Federal (STF, máxima corte), en el cual se afirma que alcanza con una condena de cámara para ordenar el encierro.
El escenario ahora se plantea extremo para Lula, debido a que el PT dice que será candidato y que lo inscribirá el 15 de agosto ante la justicia electoral. En el frente penal, deberá buscar un habeas corpus y una apelación ante la corte de casación penal (El Supremo Tribunal de Justicia) y el STF. En el plano electoral, deberá sortear la Ley de Ficha Limpia, que impide asumir a quien es condenado en dos instancias, pero eso puede llegar incluso después de la elección: una bomba de tiempo en todo sentido.
Lula fue encontrado culpable de corrupción pasiva y lavado de dinero por haber recibido de la constructora OAS un departamento tríplex en el balneario paulista de Guarujá -valuado en US$ 1,2 millones- a cambio de garantizar a la empresa contratos con Petrobras durante su gobierno.
Estas operaciones fueron el centro del escándalo en Brasil, como en el caso de la construcción de la refinería Abreu e Lima. Esta refinería es considerada emblemática de la gestión Lula, ya que fue inaugurada por él y el entonces presidente venezolano Hugo Chávez, con el objetivo de hacer un acuerdo entre Petrobras y PDVSA que finalmente fue rechazado por los venezolanos.
El camarista Paulsen comparó a Lula con el estadounidense Richard Nixon. Dijo que ambos tienen en común haber impulsado medidas contra la corrupción en sus gobiernos que finalmente se volvieron contra ellos. Así, comparó al Watergate con Lava Jato, la operación que desde 2014 marca el pulso político del país y que se devoró a parte de la clase política y colaboró para el clima que permitió la destitución de Dilma Rousseff en 2016.
La elevación de la pena fue basada, entre otros textos, en una teoría del exjuez de la Corte Suprema de Argentina, Eugenio Zaffaroni, sobre la relación entre responsabilidad, culpabilidad y años de prisión.
Lula dice que luchará hasta que muera
Lula siguió el juicio “con la conciencia tranquila” en el reducto donde forjó su vida sindical y política, afirmando que “dejará de luchar el día en el que muera”. Luego, se sumó a la multitud en la Plaza de la República, en el centro de San Pablo para rechazar el fallo. Hasta para el líder popular con mejor ranking en las encuestas presidenciales de Brasil, esta condena ha tornado difuso como nunca su futuro cercano en la arena política.
La exclusión de Lula de las elecciones cambiaría radicalmente el panorama político antes de una campaña en la que es el favorito, con el 36 por ciento de las preferencias, según Datafolha. Eso es el doble del porcentaje de su rival más cercano, el legislador de extrema derecha Jair Bolsonaro, cuya campaña se ha visto impulsada por el sentimiento anti Lula.