La Audiencia Nacional de España citó hoy a declarar al jefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, en calidad de investigado por un delito de sedición, en relación con los "incidentes" ocurridos el 20 de septiembre, cuando miles de manifestantes protestaron ante un operativo policial para evitar el referéndum de secesión de Cataluña.
La jueza Carmen Lamena, titular del juzgado de instrucción número 3, también llama como investigados (actual denominación de los imputados) a los líderes de las organizaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente.
La cuarta persona citada es la intendente de los Mossos en el barrio barcelonés del Eixample, Teresa Laplana, quien estaba a cargo en el área donde sucedieron los hechos investigados.
La magistrada investiga lo ocurrido durante la protesta de los días 20 y 21 de septiembre en Cataluña, cuando manifestantes, en su mayoría independentistas, intentaron presuntamente impedir por la fuerza la actuación de la Guardia Civil durante un operativo judicial, por medio del cual fueron arrestados 14 altos cargos del gobierno catalán.
El pasado 27 de septiembre, la juez admitió la denuncia que presentó la Fiscalía por delitos de sedición, penado con hasta 15 años de prisión.
En su resolución, señalaba que las conductas de los manifestantes podían encajar en el artículo 544 del Código Penal que sanciona el "alzamiento tumultuario", dirigido a impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes o a cualquiera de las personas que en el mismo se relacionan en el ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales.
El conflicto de secesión de Cataluña escaló hasta provocar la peor crisis política e institucional que vive España en 40 años de democracia.
El rey Felipe VI irrumpió ayer en la crisis con un mensaje televisado a los españoles en el que aseguró que el gobierno catalán había "quebrantado" el orden constitucional y era responsabilidad de los "poderes legítimos" del Estado restituirlo.