Un fiscal resolvió pedir informes al Vaticano por la muerte de un obispo en un supuesto accidente de tránsito durante la dictadura, en el marco de la primera solicitud de cooperación diplomática luego de las reformas legislativas en la Santa Sede impulsadas por el Papa Francisco.

El fiscal federal de la localidad bonaerense de San Nicolás, Matías Di Lello, firmó un pedido de colaboración al Estado Vaticano para que proporcione información a la investigación judicial sobre la muerte del obispo de esa ciudad, Carlos Horacio Ponce de León, quien falleció en un supuesto accidente de tránsito ocurrido el 11 de julio de 1977.

Representantes de organismos de derechos humanos dudan de que se haya tratado de un accidente y sostienen que Ponce León fue el segundo obispo asesinado de esa forma, porque ya había muerto en circunstancias similares el obispo de La Rioja, Enrique Angelelli.

El juez federal de Rosario Marcelo Bailaque analiza si se trato de un atentado y el fiscal solicitó entonces esta medida en el marco de la investigación complementaria de la causa. ‘Este Ministerio Público Fiscal entiende que el referido accidente en realidad podría tratarse de un atentado pergeñado por las autoridades militares, por cuanto existen pruebas claras de que Ponce de León era objeto de operaciones de inteligencia por parte de la dictadura‘, refirió el fiscal, según la página oficial de la Procuración General de la Nación.

‘También en dicho contexto recibía cuantiosas amenazas de muerte, todo ello en virtud de la defensa que el mismo profesaba respecto de personas perseguidas o desaparecidas‘, añadió. De acuerdo al dictamen, en la causa se cuentan con elementos de los que surge que ‘los sacerdotes de la Diócesis de San Nicolás remitieron una nota al Nuncio Apostólico Monseñor Pío Laghi, poniéndolo en conocimiento de las amenazas de muerte que había recibido Ponce de León‘.

Di Lello además citó el informe ‘Nunca Más‘, de 1984, que dice que, al momento de su muerte, Ponce de León ‘se dirigía a la Capital Federal con el objeto de llevar documentación a la Nunciatura Apostólica, relativa a la represión ilegal (secuestros y torturas) implementadas en la Diócesis de San Nicolás y también en Villa Constitución (Santa Fe). La solicitud del representante del Ministerio Público es el primer pedido de colaboración a la Santa Sede desde que el Papa Francisco impulsó cambios en el código Penal y de Procedimientos Penales de ese Estado. Fuente: DYN