El Gobierno griego anunció ayer un nuevo programa de ahorro y privatizaciones por un total de 76.000 millones de euros hasta el año 2015, para recortar el déficit al 1 % del Producto Bruto Interno (PBI) y reducir la deuda estatal, la mayor de la Unión Europea.
A partir del amplio plan de privatización de empresas y bienes estatales, Grecia pretende obtener 50.000 millones de euros hasta el 2015.
Según el proyecto aprobado ayer por el Consejo de Ministros, se recaudarán entre 10.000 y 15.000 millones de euros por la privatización de empresas públicas y entre 25.000 y 35.000 millones por la venta o alquiler de la propiedad inmobiliaria del Estado.
De esta forma, Grecia pondrá a la venta acciones de la compañía estatal de comunicaciones y reducirá del 51 al 34 % su participación en la estatal de electricidad, la de telecomunicaciones y la de gas natural. Así también, el Estado disminuirá su participación en compañías como Loterías.
También reducirá sus acciones en el aeropuerto internacional de Atenas, Elefterios Venizelos, y venderá su participación en los casinos en 2011.
El Gobierno, además, tiene previsto vender la empresa estatal de metales LARKO. Por otro lado, continuará bajo propiedad estatal la compañía del agua (EYDAP) y se permitirá la entrada de un inversor privado en el servicio postal en 2012.
Asimismo, el Ejecutivo pondrá en marcha un programa de aprovechamiento, por venta o alquiler, del patrimonio inmobiliario del Estado.
Entre las propiedades afectadas por esa política están el antiguo aeropuerto internacional de Atenas y varias instalaciones deportivas construidas con motivo de los Juegos Olímpicos de 2004.
Ese plan de privatizaciones se une a la idea del ahorro de 26.000 millones de euros a través de recortes de gastos de las empresas y la administración pública y aumentos de ingresos, mediante reformas impositivas y lucha contra el fraude fiscal.
Buena parte de ese ahorro procederá de la disminución del número de funcionarios a un ritmo de un 10 % anual, mediante la reducción de nuevas contrataciones y la introducción de modelos de contratos temporales en los servicios públicos. Paralelamente, la jornada laboral aumentará de 37 a 40 horas semanales.
También se aplicarán “tijeretazos” a los gastos de Defensa y la Sanidad pública, así como a los costes salariales de la función pública, que se reducirán en unos 2.000 millones de euros, equivalentes al 0,9 por ciento del PBI.
De esos 26.000 millones de euros, 3.000 procederán de ‘medidas correctivas‘ pendientes de ser aplicadas este año.