El Tribunal Constitucional de España ordenó ayer suspender una sesión del Parlamento catalán, una decisión que siembra dudas sobre los planes del gobierno regional de declarar la independencia de forma unilateral.
La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, acusó al Gobierno de Madrid de utilizar las cortes para lidiar con problemas políticos y dijo que la asamblea regional no sería censurada. Además afirmó que líderes parlamentarios aún no habían decidido si desafiar al Tribunal y avanzar con la sesión.
La orden de suspensión agravó aún más una de las mayores crisis que golpea a España desde la recuperación de la democracia tras la muerte del general Francisco Franco en 1975. Sin embargo, los mercados españoles subieron ante la percepción de que la orden podría alejar, al menos por ahora, una declaración de independencia.
El Banco Sabadell, que tiene 2.548 oficinas y unos 26.000 empleados, se va de Cataluña.
En este contexto, el Gobierno español, a cargo de Mariano Rajoy, instó al presidente catalán a abandonar su plan secesionista para evitar "males mayores".
Políticos catalanes secesionistas habían prometido declarar unilateralmente la independencia en la sesión del lunes tras el referendo realizado el domingo, prohibido por Madrid y marcado por violentas escenas donde la policía española intentó impedir la votación.
Pero la crisis política tiene su correlato en la economía: el ministro del área, Luis de Guindos, advirtió en una entrevista con Reuters de una potencial congelación de inversiones en la rica región del noreste de España.
"La incertidumbre está paralizando todos los proyectos de inversión en Cataluña. En estos momentos estoy convencido de que no hay un solo inversor extranjero ni nacional que vaya a ejecutar un proyecto de inversión nuevo en Cataluña hasta que eso se clarifique", dijo De Guindos. Para colmo, algunas de las mayores firmas de Cataluña comenzaron a dar pasos para mover sus sedes centrales a otras ciudades españolas. Estos planes de éxodo ya llevaron al directorio del quinto mayor banco español, Sabadell, a decidir en una junta extraordinaria cambiar la oficina de la sede central registrada a Alicante, dijo la firma. Caixabank, el tercer mayor banco del país, se reunirá hoy para estudiar una posible transferencia de su sede legal, dijo una fuente. En este contexto el temor entre los inversores es a un corralito financiero como el que jaqueó la economía en Argentina tras la crisis del 2001.
Los catalanes demostraron en las urnas que están mayoritariamente a favor de la independencia de España, pero frente a los riesgos que podrían llegar a correr sus ahorros tuvieron la reacción básica de cualquier habitante en un sistema capitalista: correr a los bancos a sacarlos. No fue una corrida grande la que comenzó el lunes, es cierto, pero fue una señal que alarmó a Madrid. Sin embargo, el Gobierno español aprobará hoy un decreto que hace más fácil para las compañías mudar su sede legal desde Cataluña. Las compañías podrán acordar la mudanza sin someter esa decisión a la junta de accionistas.